Fallos Penales de Interés General – Arresto domiciliario rechazado – Decisión debidamente fundada con particular consideración de las constancias de la causa

TEXTO

“(…) Interviene el tribunal en virtud de la apelación interpuesta por la defensa F. B. Juárez, contra el auto del pasado 24 de febrero que no hizo lugar a su arresto domiciliario.
El 13 de enero 2021 fue procesada, con prisión preventiva, en orden al delito tentativa de homicidio -en perjuicio de L. E. H. J.-, en concurso ideal con el de homicidio -en perjuicio de P. R. P.-, agravados por su condición de miembro de una fuerza de seguridad en actividad y el uso de un arma de fuego; decisión que fue confirmada por la Sala de Feria “A” el pasado 29 de enero. Asimismo, ya se ha clausurado la instrucción y, conforme surge del certificado que antecede, el 8 de marzo pasado fue elevado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nro. 16.
La parte sustentó su pedido en la inexistencia de peligros procesales y su preocupación por la situación de emergencia sanitaria y carcelaria. Asimismo, refirió que Juárez cuenta con un domicilio constatado donde podría cumplir su detención y someterse al cuidado de su pareja, también miembro de la fuerza de seguridad.
Además, sería controlada por la pulsera electrónica y a través del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica creado a tales fines.
II. La jueza Magdalena Laíño dijo:
1º) En primer lugar, debo dejar sentado que sin perjuicio de que las actuaciones hayan sido remitidas -con posterioridad a la interposición del recurso- al tribunal oral es esta Cámara la encargada de tratar el recurso de apelación articulado por la Defensa Pública Oficial (cfr. esta Sala, causa n° 51350/18/1 “Youayou, M. L.”, rta. el 8/06/20, en la que se citó mutatis mutandi CFCP Sala III, “Páez, G. E. s/recurso de casación” Registro n° 331.06.3 del 26/04/2006 y sus citas).
2°) Aclarado ello, e ingresando a la cuestión sometida a inspección jurisdiccional vinculada a la solicitud de arresto domiciliario de Juárez, examinados los agravios de la asistencia técnica a la luz de la normativa vigente, estimo que la morigeración de la prisión preventiva mediante el otorgamiento del arresto domiciliario a Juárez, controlado por dispositivo electrónico y además bajo la tutela y/o supervisión de un referente, no puede prosperar.
La decisión apelada se encuentra debidamente fundada con particular consideración de las constancias de la causa. Los argumentos brindados por el defensor no han logrado demostrar el desacierto del pronunciamiento apelado mediante el cual no hizo lugar al arresto domiciliario de Juárez, se encuentra debidamente fundado y exento de toda tacha de arbitrariedad (art. 123 CPPN).
La asistencia técnica basó su petición en la inexistencia de riesgos procesales y en que su asistida tiene un domicilio donde residir bajo el control de un dispositivo electrónico y la tutela de su pareja.
Considero -a diferencia de lo que sostiene el recurrente- que se encuentran reunidos los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad para justificar la excepcionalidad del encarcelamiento preventivo al corroborarse la existencia de riesgos procesales, los que por el momento no pueden ser neutralizados por alguna de las medidas alternativas previstas en el ordenamiento nacional (arts. 1 y 3 DUDH, 7 CADH, 1 DADDH, 9 PIDCyP, 2, 280, 316, 317 y 319 CPPN, 210, 221 y 222 CPPF).
Tengo especialmente en consideración como pautas determinantes de peligro de fuga aquellas relacionadas a las circunstancias y naturaleza del hecho que se le atribuye, así como la escala penal prevista para ese delito -tentativa de homicidio, en concurso ideal con el de homicidio agravados por abuso de su condición de miembro de una fuerza de seguridad en actividad y por el uso de un arma de fuego- (cfr. mi voto en causa n° 54957/2019 “Falivene” rta. el 16/10/2019).
Es de notar que tiene distinta relevancia la amenaza de una pena reducida, que una de la singular duración temporal como la prevista para el hecho que se imputa. Ante la amenaza de una pena de tan considerable magnitud, la inferencia de riesgo de fuga aumenta, y se reducen de manera inversamente proporcional las exigencias de otros eventuales indicios objetivos que fortalezcan la inferencia de ese riesgo. La posibilidad de que una persona que avizora el riesgo de ser condenada a una pena elevada considere fugarse y evitar el cumplimiento del castigo es más alta, y ello no puede ser menospreciado (cfr. mi voto CCC 63032/2019/1/CA1 “C., M. A.”, rta. el 13/9/2019, y mutatis mutandi CNCCC Sala 1 CCC 40610/2014/TO1/11/CNC2 “Caccavalle”, reg. 645/2015, rta. el 12/11/2015 del voto del juez García al que adhirieron los jueces Bruzzone y Días).
Debo remarcar que en este caso a diferencia de los analizados en CCC72386/2019 “Manzanelli, B.”, “Pérez, R. D.” y “López, D. I.”, rtos. el 15/10/2019, se verifica la posibilidad cierta de entorpecimiento de la investigación y de posible presión a testigos. Ello en base al análisis del contexto en que ocurrió el hecho y lo sucedido con posterioridad. La imputada luego de efectuar los disparos se marchó del lugar, evitando colocarse a disposición de la justicia por el hecho ocurrido, aun sabiendo las consecuencias lesivas de su accionar (se encuentra documentado que regresó y tomó contacto directo con la víctima que yacía en medio de la cinta asfáltica). En ese mismo contexto, perteneciendo a la misma dependencia policial que interviniera desde un principio en el sitio de los acontecimientos, habría intentado efectuar maniobras tendientes a ocultar la realidad, evitando quedar involucrada en un hecho delictivo de gravedad institucional. Todo lo cual se pudo conocer después de cumplirse con las declaraciones indagatorias de las personas que fueran aprehendidas, pudiéndose lograr la reconstrucción de los hechos recién al disponerse el cese de la intervención de la Comisaría Vecinal 1-C, y la necesaria injerencia de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (artículo 222, inciso “a” y “e” del CPPF.).
Además, algunos de los testigos que prestaron declaración en el proceso residen o desempeñan sus tareas laborales en la misma zona donde la imputada cumplía su labor policial, y lo mismo ocurre con las tres personas que fueran detenidas inicialmente, que frecuentaban el sitio. Ante ello, no puede descartarse que la modificación de su situación cautelar podría eventualmente influir en la psiquis de la víctima y de los posibles testigos para que tuerzan o modifiquen sus testimonios, lo hagan falsamente o se comporten de manera reticente (CIDH Informe 2/97 punto 35 y art. 222 del CPPF).
Por otra parte, se avizora la pronta resolución definitiva de la situación procesal de Juárez, toda vez que ya se han elevado las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nro. 16, lo que evidencia que su detención no es desproporcionada ni carente de racionalidad. Todo ello sin perjuicio de que su continuidad deberá ser revisada en la próxima etapa, en la medida que, a mayor duración de la prisión preventiva, mayores son las exigencias para mantenerlas (cfr. CNCC, Sala 2, causa n° 71238/2014/TO1/4/CNC2 “Nievas”, reg. 13/2015, rta. el 10/04/2015, del voto del juez Sarrabayrouse).
3°) En cuanto al cuestionamiento inicial, vinculado con la situación de emergencia penitenciaria y la pandemia de COVID-19, la defensa no refirió que su pupila, de 35 años años de edad, padeciera alguna enfermedad o padecimiento que la coloque dentro del grupo de riesgo de COVD-19, y no tiene a nadie a su cuidado.
No desconozco que el dinamismo con que se propaga en forma exponencial el virus denominado COVID-19 (SARS-CoV-2), las características propias de las personas privadas de libertad y de los centros de detención, constituyen datos de una realidad insoslayable que seguramente propiciarán la transmisión de la enfermedad intramuros.
Las observaciones y recomendaciones propuestas tanto por los organismos internacionales: Organización Mundial de la Salud -OMS- (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Prepare dness-prevention-and-control-of-COVID-19-inprisons.pdf?ua=1 ); Comisión Interamericana de Derechos Humanos -OEA- (Resolución 1/20 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS”); las manifestaciones de Michelle Bachelet, a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) (https://acnudh.org/hay-que-tomar-medidas urgentespara-evitar-que-elcovid-19-cause-estragos-en-lasprisiones/ ) y el IASC (https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC %20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf ) y el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura ( https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStateP artiesCoronavirusPandemic2020.pdf ) y como nacionales: Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (https://cnpt.gob.ar/wp content/uploads/2020/03/recomendaciones-a-adoptar-en-lugares-de detencion-a-raiz-de-la-emergencia-sanitaria.pdf) y la Procuración Penitenciaria de la Nación (https://www.ppn.gov.ar a través de distintos documentos) son coincidentes en priorizar el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión para grupos de riesgo, como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas o bien se encuentren privadas de su libertad por delitos menores.
Es que a los fines de evaluar el otorgamiento de la morigeración en la modalidad de cumplimiento de la prisión, no sólo tendré en cuenta estas cuestiones, sino que atenderé también a las particularidades de cada caso (cfr. la jurisprudencia fijada por la Corte IDH Medidas provisionales respecto de Brasil, “Asunto del Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho”, resolución del 22-11-2018, párrafo 128).
Así las cosas, en coincidencia con el magistrado a quo considero que no existen razones suficientes que justifiquen -por el momento- la medida alternativa de cumplimiento de la prisión preventiva peticionada, al no presentarse ninguno de los extremos mencionados.
La hipótesis que introduce el impugnante se ve debilitada por las constancias acollaradas al sumario, las que ciertamente no se ven contrarrestadas por la existencia de arraigo y la ausencia de antecedentes.
III.- El juez Julio Marcelo Lucini dijo:
He sostenido en la causa nro. 21265/2020/1 “Santillán s/ excarcelación”, de la Sala I de esta Excma. Cámara del 12/05/2020 y de esta Sala la nro. 51350/18 “Youayou, M. L. s/excarcelación” del 8/06/2020, entre otras, que, estando radicado el expediente en el Tribunal Oral sorteado, donde ya se le está dando el trámite pertinente, carezco ya de jurisdicción para poder expedirme en relación a cuestiones inherentes a la forma en que deba mantenerse la sujeción al proceso de F. B. Juárez.
Lo expuesto tiene en miras evitar que dos tribunales puedan incurrir en resoluciones contradictorias entre sí. Máxime cuando en el caso concreto el pedido puede gravitar directamente sobre la efectiva realización del debate.
En virtud de ello, corresponde remitir este legajo al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nro. 16 que actualmente está en conocimiento del sumario para que se expida sobre el planteo del impugnante.
Así voto.
IV.- El juez Ricardo Matías Pinto dijo:
Intervengo en virtud de la disidencia suscitada entre mis colegas preopinantes.
1) Atento a los argumentos que expuse en la causa de esta Sala nro. 40351/20/2/CA3 “Cueva, C. R.”, rta. el 2/11/2020 -en el que me remití a la nro. 45476/17 de la Sala V rta: el 9/08/2017-, la existencia de un recurso de apelación relacionado con una medida de cautela personal no puede obstaculizar el avance del proceso hacia la siguiente etapa, con lo cual habré de expedirme sobre el fondo de la cuestión.
2) Coincido con la jueza Magdalena Laíño en cuanto a que las constancias reunidas en la causa -en particular en relación a la penalidad que corresponde al concurso de delitos atribuidos, las características del hecho y, especialmente, la posibilidad de presión sobre las víctimas y testigos, que se evalúa en conjunto con su rol de integrante de una fuerza de seguridad- revelan un fundado riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, que no pueden ser neutralizados por medidas de menor intensidad, como las alternativas a la prisión preventiva que contempla el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal.
Tampoco la situación se ajusta a los supuestos de prisión domiciliaria de los artículos 10 del Código Penal y 32 de la Ley N° 24.660, pues no tiene ningún menor a su cargo, no es mayor de setenta años y no padece ninguna enfermedad relevante.
Así voto. (…)”
 

Fallo completo

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