Fallos Penales de Interés General: DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

“-A los fines de la determinación de la pena en los términos de los arts. 40 y 41 C.P., las valoraciones atenuantes y/o agravantes formuladas por las partes no vinculan al tribunal al momento de mensurar la pena si forman parte de la base fáctica imputada, garantizando así el derecho de defensa del acusado que no sea sorprendido por la sentencia que valora elementos que formaban parte de las características del hecho reprochado (voto de la jueza Llerena al que adhirieron los jueces Días y Bruzzone).

Cita de “De Piero”, Reg. 498/2019

 

 

-No corresponde abordar el planteo de inconstitucionalidad de la ley 26.879, pues la compatibilidad constitucional de la norma debió ser cuestionada en tiempo oportuno. Este requisito que tiene por finalidad llamar la atención al tribunal de juicio sobre la naturaleza de la cuestión constitucional que puede estar presente y promover que se pronuncie sobre ella. En el caso, el imputado y su defensa, tuvieron oportunidad útil de hacerlo desde el momento en que el primero tomó conocimiento de la pretensión de la fiscalía de que se lo condenara por el delito de abuso sexual, toda vez que la norma en cuestión se encontraba vigente al momento de celebrarse el juicio. Al respecto, la circunstancia de que el recurrente no haya planteado la inconstitucionalidad de la norma en el momento oportuno, no sólo privó su tratamiento ante la instancia, sino que, a su vez, imposibilitó la intervención del representante del Ministerio Púbico Fiscal (voto de la jueza Llerena al que adhirieron los jueces Días y Bruzzone)

 

-Corresponde rechazar el cuestionamiento por falta de motivación suficiente de la orden de extracción de muestras genéticas del imputado dispuesta en la sentencia condenatoria, de acuerdo con lo establecido en el art. 2 de la ley 26.879, toda vez que, al momento de decidir la cuestión, el tribunal oral aludió a las previsiones de esa norma, que establecen que si un imputado resulta condenado por un delito contra la integridad sexual, firme que sea la sentencia, se procederá a la extracción de su material genético. Así su art. 5 expresamente establece que: “El registro contará con una sección destinada a personas condenadas con sentencia firme por la comisión de los delitos contemplados en el artículo 2° de la presente ley. Una vez que la sentencia condenatoria se encuentre firme, el juez o tribunal ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética del condenado y su inscripción en el Registro”. Por lo tanto, la decisión adoptada encuentra sustento en la propia letra de la mencionada ley (voto de la jueza Llerena al que adhirió el juez Días).

 

-Se ha de rechazar el planteo de la defensa dirigido a cuestionar la sentencia condenatoria en cuanto ordenó que se dé cumplimiento a lo previsto en el art. 2 de la ley 26.879 con sustento en que el Ministerio Público Fiscal no lo había requerido expresamente, pues la toma de una de muestra genética, en un caso en el que se imputa un delito contra la integridad sexual, para su reserva bajo las previsiones establecidas, es un mandato legal que resulta consecuencia directa de la condena (expresamente peticionada por el acusador) y, en sí, no constituye pena, como se pretende. La decisión de reunir datos genéticos no tiene carácter punitivo. En general, las leyes que establecen registros de datos genéticos no tienen naturaleza punitiva; incluso cuando restrinjan el universo de personas a registrar a quienes son condenados por la comisión de alguna clase de estos delitos; el sentido de la registración de datos no es agravar el castigo de quien ha sido condenado, sino iluminar las investigaciones penales futuras (voto del juez Bruzzone)

 

“Bouchet, Fernando Romeo s/ recurso de casación”, CNCCC 14853/2017/TO1/CNC1, Sala 1, Reg. 252/2021, resuelta el 3 de marzo de 2021

 

Fallo Completo

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