Fallos Penales de Interés General – Captura y detención

“(…) Interviene el tribunal en virtud de la apelación interpuesta por la defensa oficial contra el auto del 5 de julio de 2022 que dispuso la orden de captura y detención de L. I. Moyano, E. Otazo y D. A. H. Miranda a los efectos de recibirles declaración indagatoria.
La impugnación fue mantenida por la Dra. Paula Cortea en relación a Miranda. Asimismo, la Dra. Verónica Fernández de Cuevas replicó los agravios, solicitando se homologue la decisión cuestionada.
(…).
Y CONSIDERANDO:
El juez Pablo Guillermo Lucero dijo:
(…).
II. Al interponer el recurso en análisis, la defensa centralizó su agravio en la improcedencia de la captura ordenada por el magistrado de grado. Consideró que resultaba excesiva al no encontrarse acreditado que su defendido Miranda tuviera conocimiento del trámite de la causa y por consecuencia, su voluntad de evadir el accionar de la justicia o entorpecer la pesquisa.
Además, sostuvo que no se comprobó la ineficacia de otras medidas alternativas y menos violentas que la dispuesta.
III. Así, circunscripto el ámbito de conocimiento del tribunal y limitado a las críticas invocadas, luego de concretar un análisis integral del asunto, concluyo que la decisión de decretar la captura de Miranda para materializar su indagatoria se encuentra ajustada a derecho y a las especiales circunstancias de la causa.
El episodio por el que se pretende recibirle declaración en los términos del art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación reviste gravedad y se vincula con la profusa investigación que se ventila en este proceso, en la que conforman su objeto hechos cometidos por una pluralidad de integrantes, algunos todavía no habidos y otros no individualizados, en el marco de una organización delictiva dedicada a cometer sustracciones bajo la modalidad denominada “motochorros”, a través de la cual seleccionaban a los damnificados en el micro centro de esta ciudad y luego los perseguían, utilizando diversos vehículos, hasta que, tras hacer estallar las ventanillas de los rodados en los que se desplazaran las víctimas, lograban alzarse con los bienes ajenos.
De acuerdo a lo previsto en el art. 283 de ese código, la medida coercitiva podrá dictarse “siempre que haya motivo para recibirle indagatoria”, circunstancia que se encuentra configurada en este asunto.
Por otro lado, no escapa a mi conocimiento que según surge de la investigación desplegada respecto al encausado de mención, este no fue encontrado en el domicilio que registraban a la vez que tampoco se dio en ese sitio con el automóvil del que resulta titular Moyano y autorizado a conducirlo Miranda (además de Otazo) -Peugeot 2008, dominio colocado (…)- y que, en principio, estaría involucrado en la pesquisa. Por otra parte, de esas tareas se ha extraído el vínculo que detenta con otros miembros de la organización, a lo que se aduna que sobre muchos de ellos aún pesan órdenes de captura y detención.
De este modo, ante la presencia de ciertos indicios que dan cuenta de la concurrencia de los riesgos procesales -concretamente el de evasión- mediante los cuales el ordenamiento jurídico faculta a los jueces a decretar la medida en análisis –arts. 282 y 283 del código de forma- y sin que se vislumbren otras diligencias menos gravosas que la dictada, corresponde homologar la orden de captura de para que una vez habido, sea trasladado a una unidad de detención y se concrete la audiencia indagatoria dispuesta.
Así voto.
La jueza Magdalena Laiño dijo:
Sin perjuicio de la postura de la suscripta (en la Sala VI, mutatis mutandi, causa nro. 1628/2021, “Cruz”, del 9 de agosto de 2021; 75.104/2019, “Vento”, del 8 de noviembre de 2021; entre otras), lo cierto es que tal como he afirmado en un caso análogo al presente (de esta Sala I, causa nº 49837/20/2, conexa a la presente, “Alturria” del 28 de abril del corriente) las especiales circunstancias que rodean el caso tornan aplicable cuanto sostuviera en los autos 21053/2021, “Machado”, del 27 de abril del corriente año, pues la situación guarda similitud con la aquí ventilada.
Por ello comparto la solución a la que ha arribado el juez Lucero, haciéndola extensiva a las consideraciones efectuadas en el punto I, en relación a los encausados L. I. Moyano y E. Otazo.
Tal es mi voto.
En consecuencia, el tribunal RESUELVE:
(…).
II. CONFIRMAR PARCIALMENTE esa misma decisión, mediante la cual se ordenó la captura y detención de D. A. H. Miranda, a los efectos de recibirle declaración indagatoria (art. 455 del Código Procesal Penal de la Nación) (…)”.
 

 

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