Fallos Penales de Interés General- Excarcelación rechazada

“(…) La defensa de K. Aguilar Salazar apeló la resolución por la que se denegó la excarcelación solicitada. En esta instancia, al sistema de gestión integral de expedientes judiciales “Lex 100” se incorporó el memorial respectivo, de modo que el Tribunal se encuentra en condiciones de decidir.
El juez Mariano A. Scotto dijo:
Con independencia de la penalidad prevista para el delito de robo simple (artículo 164 del Código Penal), por el que se dispuso el procesamiento del imputado, las condenas que registra impiden que una eventual sanción en esta causa pueda dejarse en suspenso, extremo que constituye un primer indicador del riesgo de elusión (artículo 319 del Código Procesal Penal).
En efecto, se pondera que el 10 de octubre de 2019, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 1 le impuso la pena de dos meses de prisión en suspenso (causa número 74.062/19) y que el 9 de noviembre de 2020, en la causa 44414/20, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 lo condenó a la pena única de diez meses de prisión de efectivo cumplimiento -comprensiva de la pena de cuatro meses de prisión efectiva impuesta en esa fecha y de la de ocho meses de prisión en suspenso dictada el 18 de diciembre de 2019, cuya condicionalidad se revocó- (fs. 53 y vta.).
Asimismo, cabe mencionar que Aguilar Salazar registra en trámite dos procesos ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 2 (causas números 7117/7123) y que, como se evaluó en la instancia anterior, en esta causa podría declarárselo reincidente, pauta expresamente prevista en los arts. 319 citado y 221, inciso “b”, del Código Procesal Penal Federal.
A tales consideraciones, indicativas del peligro de fuga, se agrega que, según la intimación formulada, el episodio tuvo lugar en horas de la noche y en perjuicio de una mujer.
Por ello, entiendo que no resulta procedente una medida de menor intensidad que la decidida, sea una simple promesa, pautas de conducta, obligaciones, prohibiciones, cauciones o morigeraciones, no obstante que Aguilar Salazar se identificó correctamente y su pareja ha expresado que residen juntos en la dirección de Uspallata 2101, de esta ciudad, más allá de que al inicio de las actuaciones -fs. 3 y 68- fue reticente en aportar un domicilio o teléfono de contacto -aportando solo éste último al momento de ser indagado-.
Consecuentemente, en razón de que, por los motivos desarrollados en el precedente “Hernández Marzulli, M.” (de esta Sala, causa número 70.895/2014, del 27-5-2015), el dictamen fiscal, bajo el régimen de la ley 23.984, no es vinculante para la jurisdicción y siempre que el tiempo que el imputado lleva en detención desde el 3 de noviembre pasado no resulta desproporcionado frente a la modalidad de ejecución de la posible sanción, cabe homologar la resolución recurrida.
El juez Mauro A. Divito dijo:
Ante todo, destaco que el Ministerio Público Fiscal ha opinado favorablemente sobre la procedencia de la excarcelación aquí solicitada, ponderando -entre otras cosas- que Aguilar Salazar habría asumido una participación de menor relevancia que la de su consorte. Tal extremo, según entiendo, debe ser tenido particularmente en consideración al decidir en esta incidencia, en función de la implementación del artículo 210 del Código Procesal Penal Federal y la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (Sala 3, causa n° 28.961/2012 -registro n° 23/2015-, “Oyola Sanabria”, del 17-4-2015).
Por otra parte, el nombrado ha sido procesado en orden al delito de robo simple (artículo 164 del Código Penal), de modo que su situación encuadra en la primera de las hipótesis que contemplan los artículos 316 -segundo párrafo- y 317, inciso 1°, del Código Procesal Penal, en tanto el máximo de la pena aplicable es inferior a los ocho años de prisión.
Finalmente, ha de valorarse que el imputado se identificó correctamente al tiempo de su detención, que su pareja ha expresado que reside junto con ella (cfr. la nota actuarial extendida el 5 de noviembre pasado), y que, pese a que se encuentra sujeto a otros procesos, no se ha informado que incurriera en rebeldías.
En tales condiciones, sin perjuicio de los antecedentes condenatorios que registra el causante, me inclino por revocar la decisión recurrida y conceder la excarcelación de Aguilar Salazar, bajo una caución real de dos mil pesos ($ 2.000), con más la obligación de mantenerse en contacto con la defensoría oficial que lo asiste y con el tribunal interviniente -por los medios tecnológicos que se entiendan adecuados en la instancia anterior- de manera quincenal (artículos 324 del Código Procesal Penal y 210, inciso “c” y “h”, del Código Procesal Penal Federal).
El juez Juan Esteban Cicciaro dijo:
Por compartir las consideraciones formuladas por el juez Scotto, adhiero a la solución propuesta, puesto que junto con los indicadores de elusión valorados, pondero que Aguilar Salazar carece de documentación nacional y que la constatación de domicilio, cumplida a partir de la información proporcionada telefónicamente por una persona que sería pareja del imputado -quien en la declaración indagatoria expresó que no recordaba la dirección en la que residía-, conduce a sostener la debilidad de su arraigo.
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:
CONFIRMAR la resolución apelada, en cuanto ha sido materia de recurso. ”

 

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