CAUSA 714/21 “N.N. s/abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público”

En la presente investigación se pudo establecer que existieron 70 personas que fueron vacunadas contra el COVID-19 con un trato especial, verdaderamente diferente a gran parte de la población. La ley vigente al momento de los hechos (que, en ese punto, no ha variado en la actualidad) diferencia a las poblaciones objetivo a vacunarse en dos grandes grupos: prioritarios y no prioritarios.
Entre los grupos que componen los “prioritarios” (mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégicos y personas de 18 a 59 con enfermedades previas) no existía ni existe un orden normativo de prelación ya que la Res. MSAL 2883/20 expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea.
Prácticamente todos aquellos que conforman aquél listado de 70 personas (resta establecer con mayor precisión sobre algunos casos puntuales) se encontraban dentro de algunos de los grupos que componen la población prioritaria, ya sea porque eran personal de salud, porque fueron considerados estratégicos o porque -como sucedió en la mayoría de los casos- eran mayores de 60 años.
La decisión de que esos grupos se relacionen de manera simultánea (y no secuencial como ocurrió en otros países) fue tomada por la Administración Nacional en base a una expresa recomendación efectuada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN). La Excma. CSJN tiene dicho, recientemente, que no es justiciable la conveniencia de una medida adoptada por otro Poder del Estado y que la magistratura carece de información suficiente para decidir sobre cuestiones vinculadas a la salud pública.
En el ordenamiento jurídico nacional (CP y leyes especiales) no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación. No obstante, esa situación sí se encuentra expresamente prevista en la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública (25.188) que explícitamente establece sanciones de orden administrativo.
Interpretar algunos tipos penales de la parte especial del CP para que forzosamente encajen en las conductas denunciadas se apoya exclusivamente en una interpretación extensiva de los tipos penales y pasa groseramente por alto el carácter fragmentario y subsidiario del derecho penal, como así también el hecho claro, conciso y evidente de que las personas vacunadas se encontraban dentro del grupo considerado como prioritario por la Res. 2883/20 que expresamente establecía la posibilidad de avanzar simultáneamente entre las diferentes etapas tal como lo recomendaban los especialistas.
La conducta moralmente reprochable de un funcionario que realiza una gestión para que personas allegadas reciban un trato especial en la aplicación de la vacuna, encuentra un gran problema relacionado con la carga emocional con la que percibimos esos hechos. No obstante, aunque pareciera haber un consenso a priori que quienes ocupaban lugares de gran trascendencia en el contexto que atravesamos incumplieron determinadas pautas de comportamiento ético lo cierto es que ello, por sí solo, no alcanza para realizar un reproche penal y en todo caso será fruto de una interpretación de lege ferenda.
La legítima preocupación de la comunidad -en general- y de diputados nacionales -en particular- de que hechos como los aquí denunciados se encuentren tipificados como conductas penales no encuentra ningún correlato con el hecho de que Honorable Congreso de la Nación no haya legislado sobre la materia. En definitiva, nada se legisló sobre la creación de tipos penales específicos sobre los planes de vacunación, como sí sucedió en otros países.
– SE ARCHIVA PARCIALMENTE respecto de los hechos relacionados con las personas identificados como 1 a 36, 38 a 44, 46 a 48, 50, 51, 53 a 55 y 57 a 70 denunciados por inexistencia de delito respecto de la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 de quienes se encontraban dentro de alguno de los grupos prioritarios conforme Res. MSAL 2338/20 (art. 195, segundo párrafo del CPPN).
– CONTINUAR la investigación respecto de los hechos identificados en el acápite V.4 relacionados con las personas 37, 45, 49, 52 y 56 respecto de la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 de quienes no se encontraban dentro de alguno de los grupos prioritarios conforme Res. MSAL 2338/20.
– SE FORMA nuevo legajo de investigación respecto de las personas mencionadas en el Anexo “B” del informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), con excepción de aquellas personas que conforman el cuadro volcado en el acápite V.4 de este interlocutorio.
– SE CONTINÚA EL TRÁMITE DE LA CAUSA 7072/2021 (Conexa a la presente causa N°714/21 en la que se investiga la vacunación de CARLOS ALBERTO VIZZOTTI y SILVIA MANTECA ACOSTA)
– SE CONTINÚA EL TRÁMITE DEL LEGAJO DE INVESTIGACIÓN N°1 para determinar si existió un “desvío” de sesenta dosis pertenecientes al Hospital Nacional Posadas que habrían sido transportadas hacia la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas.
– No se resolvió la situación procesal de ninguna de las personas denunciadas, solamente se dispuso el ARCHIVO PARCIAL de la causa.

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