Que el Gobierno Nacional ha priorizado, desde el inicio de su gestión, la atención de las necesidades de la
sociedad en materia de seguridad pública y justicia y, con tal enfoque, ha cumplido en impulsar medidas
concretas tendientes a optimizar la satisfacción de tales requerimientos, en el entendimiento de que el
Estado debe contar con herramientas consistentes, prácticas y eficaces de política criminal, para luchar de
manera integral contra el flagelo del crimen organizado.
Que, desde esa perspectiva, fue declarada la emergencia de seguridad pública en la totalidad del territorio
nacional, mediante los Decretos Nros. 228 del 21 de enero de 2016 y 50 del 19 de enero de 2017, sus
modificatorios y complementarios, con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el
delito complejo y el crimen organizado, que afecta a la REPÚBLICA ARGENTINA.
