Costa, E. F. <\/em>10\/03\/20).<\/p>\n\n\n\nEl legislador estableci\u00f3 en el art\u00edculo 34 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n que proceder\u00e1 el acuerdo conciliatorio en los delitos con contenido patrimonial, sin grave violencia sobre las personas, o en los culposos, siempre y cuando no hubieran existido lesiones grav\u00edsimas, o producido la muerte.<\/p>\n\n\n\n
Del an\u00e1lisis de las constancias de la causa, advierto sin mayor esfuerzo que se encuentran presentes los requisitos establecidos por la norma para su procedencia. Conforme surge de la imputaci\u00f3n del hecho, la conducta que se le atribuye a Villejas encuadr\u00eda en el delito de hurto en grado de tentativa,<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, como surge del acuerdo incorporado al legajo digital, la imputada ofreci\u00f3 resarcir a la v\u00edctima por la suma de cien mil pesos ($ 100.000).<\/p>\n\n\n\n
3) Definido el alcance de las cuestiones a tratar, en lo que concierne a la oposici\u00f3n fiscal, tal como lo expusiera en otras ocasiones (ver en mis votos en las causas n\u00b0 66939\/2014, \u201cFerraro<\/em>\u201d rta. 13\/03\/19 y n\u00b0 32109\/2018, \u201cMastrost\u00e9fano<\/em>\u201d, rta. 19\/06\/20, y sus citas, ambas de la Sala VI, entre muchas otras), no considero vinculante la anuencia del Ministerio P\u00fablico Fiscal para acceder a la causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n impetrada. Es que el desacuerdo entre la Fiscal\u00eda y la v\u00edctima -como ocurri\u00f3 en el caso- no constituye un obst\u00e1culo para su otorgamiento, porque la ley le ha dado prevalencia a la opini\u00f3n de esta \u00faltima.<\/p>\n\n\n\nSobre el particular se ha entendido que \u00abes posible interpretar, en el CPPF, ley 27.482, que necesariamente la aplicaci\u00f3n de cualquier criterio de disponibilidad de la acci\u00f3n debe contar con la anuencia de la fiscal\u00eda, a partir de que ella es quien dirige la investigaci\u00f3n preparatoria. Sin embargo, esa interpretaci\u00f3n es errada, pues hay que diferenciar dos momentos distintos. Por un lado (siempre en el CPPF), la fiscal\u00eda puede proponer una salida alternativa (principio de insignificancia; conciliaci\u00f3n; suspensi\u00f3n del juicio a prueba), antes de la formalizaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n. Luego de realizada la audiencia respectiva, pierde la facultad de archivar oaplicar un criterio de oportunidad (ver el art. 258, \u00faltimo p\u00e1rrafo, CPPF). Desde otra perspectiva, y ya en la etapa de control de la acusaci\u00f3n, la persona imputada est\u00e1 facultada para solicitar la aplicaci\u00f3n de alguno de estos mecanismos. As\u00ed lo establece el art. 279, inc. d), CPPF; el cual, adem\u00e1s, debe interpretarse con el texto del art. 34, del mismo c\u00f3digo, en cuanto alude a que \u00b4…el imputado y<\/em> la <\/em>v\u00edctima…\u00b4 pueden realizar acuerdos conciliatorios. Queda claro, <\/em>entonces, que en estos supuestos, la persona imputada y la v\u00edctima pueden celebrar el acuerdo que crean conveniente, y le tocar\u00e1 resolver al tribunal que dirige la audiencia de esa etapa; mientras que la fiscal\u00eda opinar\u00e1 sobre el punto, sin que de ning\u00fan modo esa posici\u00f3n sea vinculante<\/em>\u00bb (CNCCC, Sala 2, del voto del juez Sabarrayrouse en causa n\u00b0 71302\/2023\/TO01 \u00abHern\u00e1ndez\u00bb <\/em>Reg. 1333\/24 del 21\/08\/24, ver, en el mismo sentido, lo dicho en los precedentes m\u00e1s recientes causas n\u00b0 55222\/2020 \u201cFraticelli y otro<\/em>\u201d, Reg. n\u00b0 922\/23 del 07\/06\/23, n\u00b0 7058\/2021\u201cEchevarria<\/em>\u201d Reg. n\u00b0 675\/23 del 03\/05\/23 y n\u00b0 49042\/2022 \u201cMergoza Calixto<\/em>\u201d Reg. n\u00b0 603\/23 del 26\/04\/23, entre otros, el resaltado es propio). Tampoco debe soslayarse que la fiscal\u00eda debe tener en consideraci\u00f3n los intereses de las v\u00edctimas, tan es as\u00ed que el inciso f) del art\u00edculo 9 de la Ley 27.148 pone en cabeza del Ministerio P\u00fablico dar amplia asistencia y respeto, debiendo dirigir sus acciones tomando en cuenta justamente estos intereses.<\/p>\n\n\n\nSobre el particular se ha afirmado que \u201cen tanto las partes pretenden dar por concluido el conflicto penal sin que la Fiscal\u00eda fundamente su posici\u00f3n en cuestiones de pol\u00edtica criminal que justifiquen sostener la pretensi\u00f3n punitiva del Estado mediante el impulso de la acci\u00f3n penal, convalidar lo decidido en la instancia de grado estar\u00eda en el l\u00edmite de elevar a juicio oral y p\u00fablico una causa donde no existe ni tan siquiera un \u00b4caso\u00b4 que merezca ser tratado, m\u00e1s all\u00e1 de la mera confirmaci\u00f3n de la realizaci\u00f3n de una conducta prevista t\u00edpicamente\u201d <\/em>(Sala V, voto del juez Hern\u00e1n L\u00f3pez, causa n\u00ba 16244\/2019 \u201cEcharren<\/em>\u201d rta. el 23\/09\/19).<\/p>\n\n\n\nAbundando sobre esa idea, afirma la doctrina que \u201c…no ser\u00e1 jur\u00eddicamente admisible que el acuerdo al que hubieren arribado v\u00edctima y victimario resulte neutralizado por meras razones de pol\u00edtica criminal que pudiere argumentar como motivo de la oposici\u00f3n el Ministerio P\u00fablico Fiscal. Esa oposici\u00f3n, insistimos, solo devendr\u00e1 audible por el juez si, debidamente fundada, se sustenta en la superaci\u00f3n, al celebrarse el acuerdo, de los l\u00edmites que la norma fija para la procedencia del instituto conforme a la racional descripci\u00f3n del hecho efectuada por aquel, o en las dem\u00e1s razones potencialmente impedientes ya se\u00f1aladas, sin que dicha conclusi\u00f3n implique una afectaci\u00f3n ilegal al ejercicio de la acci\u00f3n<\/em> del que es titular y a su disposici\u00f3n\u2026\u201d <\/em>(cfr. C\u00f3digo Procesal Penal Federal, An\u00e1lisis Doctrinal y Jurisprudencial, Direcci\u00f3n: Roberto R. Daray; Coordinaci\u00f3n: Miguel A. Asturias; Autores: Nicol\u00e1s R. Ceballos, Roberto R. Daray, Alberto J. Huarte Petite y Roberto Leo, T. 1, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2019, p\u00e1gs. 167).<\/p>\n\n\n\nEsto se desprende incluso del mismo texto de la ley (art. 30) cuando se afirma que el representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal \u201cpodr\u00e1\u201d disponer de la acci\u00f3n penal p\u00fablica en los casos de conciliaci\u00f3n, haciendo expresa menci\u00f3n a los supuestos casos en que no se podr\u00e1 prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acci\u00f3n penal.<\/p>\n\n\n\n
Cabe recordar una vez m\u00e1s que la incorporaci\u00f3n de v\u00edas alternativas de resoluci\u00f3n de conflictos, as\u00ed como los criterios de oportunidad son el mejor modo de adecuar los principios constitucionales de proporcionalidad, racionalidad y ultima ratio, y responde a las directrices sobre resoluci\u00f3n alternativas de conflictos contenidas tanto en instrumentos internacionales como nacionales (cfr. mi voto en el precedente \u00abSosa\u00bb<\/em>, ya citado).<\/p>\n\n\n\nA nivel internacional pueden mencionarse la Declaraci\u00f3n sobre los principios fundamentales de justicia para las v\u00edctimas de delitos y del abuso del poder (II) <\/em>– ONU (1985); la Convenci\u00f3n sobre<\/em> los Derechos del Ni\u00f1o <\/em>-art. 37- (1989); las Reglas m\u00ednimas de las<\/em> Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) <\/em>puntos 1.4 y 1.5 (1990); la Declaraci\u00f3n de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI – <\/em>Res. ONU 55-59 (2000); los Principios b\u00e1sicos para la aplicaci\u00f3n de<\/em> programas de justicia restitutiva en materia penal -Res<\/em>. Consejo<\/em> Econ\u00f3mico y Social N\u00b0 2002\/12- <\/em>(2002); la Declaraci\u00f3n de Bangkok sobre sinergias y respuestas: alianzas estrat\u00e9gicas en materia de prevenci\u00f3n del delito y justicia penal \u2013Regla 37<\/em>-(2005); los Principios y Buenas Pr\u00e1cticas sobre la Protecci\u00f3n de las Personas<\/em> Privadas de su Libertad en las Am\u00e9ricas <\/em>(Resoluci\u00f3n 1\/08 de la CIDH, del 13\/3\/08); las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la<\/em> Justicia de Personas con Vulnerabilidad <\/em>\u2013Regla 43\u2013 (incorporadas expresamente al \u00e1mbito de la administraci\u00f3n de justicia en Argentina mediante la Acordada 5\/2009 del 24\/2\/2009); las Reglas M\u00ednimas de<\/em> las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos <\/em>(Reglas Nelson Mandela) (2015); Justicia restaurativa en asuntos penales<\/em> -Res. Consejo Econ\u00f3mico y Social N\u00b0 2016-17<\/em>– (2016).<\/p>\n\n\n\nEn particular en el nuevo C\u00f3digo Procesal Penal Federal (redacci\u00f3n Ley 27.063, con las incorporaciones dispuestas por la Ley 27.272 y las modificaciones introducidas por la Ley 27.482 y decreto 118\/2019) establece en el art\u00edculo 22 \u201cSoluci\u00f3n de conflictos: Los jueces y los representantes del Ministerio P\u00fablico procurar\u00e1n resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencias a las soluciones que mejor se adec\u00faen al restablecimiento de la armon\u00eda entre sus protagonistas y la paz social\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\nAsimismo, la Ley 27.148 Ley Org\u00e1nica del Ministerio P\u00fablico Fiscal dispuso -en el art. 9, incisos e) y f)-, como principios que deben regir en la actuaci\u00f3n: \u201cGesti\u00f3n de los conflictos: procurar\u00e1 la soluci\u00f3n de los conflictos con la finalidad de restablecer la armon\u00eda entre sus protagonistas y la paz social. Orientaci\u00f3n a la v\u00edctima: deber\u00e1 dirigir sus acciones tomando en cuenta los intereses de la v\u00edctima, a quien deber\u00e1 brindar amplia asistencia y respeto. Informar\u00e1 a \u00e9sta acerca del resultado de las investigaciones y le notificar\u00e1 la resoluci\u00f3n que pone fin al caso, aun cuando no se haya constituido como querellante, conforme a las normas procesales vigentes. Procurar\u00e1 la m\u00e1xima cooperaci\u00f3n con los querellantes\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\nArribado a este estadio cabe tambi\u00e9n tener en consideraci\u00f3n un protagonista esencial, la v\u00edctima del proceso penal y su participaci\u00f3n en los supuestos regulados por la Ley 27.147. Esta norma le ha dado a la v\u00edctima un papel mucho m\u00e1s preponderante e incorpora mecanismos del \u201cderecho privado\u201d como formas de reemplazar las sanciones penales. A trav\u00e9s de ello se busca auxiliar a la v\u00edctima a obtener la reparaci\u00f3n que merece seg\u00fan el da\u00f1o que ha sufrido o la disculpa del agresor (MAIER, Julio B; \u201cLa v\u00edctima y el sistema penal. En A. Eser y otros. De los delitos y de las v\u00edctimas\u201d, <\/em>Ed. Ad Hoc, Bs. As. 1992, p\u00e1g. 230; \u201cDerecho procesal penal<\/em>\u201d, tomo 2, Parte General. Sujetos Procesales, Ed. del Puerto, Bs. As 2003, p\u00e1g. 581, y sigs. Cfr. asimismo SUEIRO, Christian \u201cLa reparaci\u00f3n del da\u00f1o en el nuevo sistema penal argentino\u201d<\/em>, en \u201cEl debido proceso penal\u201d Direcci\u00f3n Angela Ledesma, Tomo 3, Ed. Hammurabi, Bs. As. 2016, p\u00e1gs. 31\/50).<\/p>\n\n\n\n\u201cLas nuevas tendencias que importan otorgar a la v\u00edctima herramientas de resoluci\u00f3n del conflicto y que, en su caso, conllevan una consecuencia jur\u00eddica para el imputado. No se trata de una sustituci\u00f3n del derecho penal por el civil, o la reprivatizaci\u00f3n del conflicto, sino antes bien, analizar en cada caso concreto y conforme el inter\u00e9s lesionado por el hecho y de acuerdo a las pretensiones de la v\u00edctima, cu\u00e1l es la mejor soluci\u00f3n al conflicto que aparezca compatible con los fines del derecho penal [\u2026]<\/em>\u201d (cfr. voto del Juez Hornos en autos \u201cV., G. P. y otro\u201d <\/em>Reg. 1119\/17 del 29\/08\/17).<\/p>\n\n\n\nLa finalidad de ese conjunto de preceptos es poner al alcance de la v\u00edctima diversas herramientas desde un abordaje mucho m\u00e1s amplio y contenedor que el que estrictamente otorga la intervenci\u00f3n del fuero penal.<\/p>\n\n\n\n
De lo expuesto se infiere que, aun admitiendo que la opini\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal resulta viculante, no podr\u00e1 serlo cuando se contraponga con la de v\u00edctima y se den los supuestos del art\u00edculo 34 lo cual a su vez se condice con los derechos reconocidos a la v\u00edctima en el Cap\u00edtulo III, art\u00edculo 5\u00b0, incisos \u201ck\u201d y \u201c\u00f1\u201d, y art\u00edculo 7, inciso \u201ca\u201d de la ley de Derechos y Garant\u00edas de las Personas V\u00edctimas de Delitos (Ley 27.372) (cfr. mi voto en el precedente \u201cBirman<\/em>\u201d -ya citado- y CNCCC, Sala III, causa n\u00ba 34046\/2021 \u201cMonteagudo, A. I.<\/em>\u201d Reg. n\u00ba 470\/2022 del 19\/04\/22).<\/p>\n\n\n\n3\u00b0) Delineada as\u00ed mi postura, considero que el antecedente condenatorio que posee la imputada, no puede obturar el acceso al instituto ya que no se trata de un extremo o exigencia previsto en la norma. Como dijera, ese razonamiento se opone a lo establecido por su art\u00edculo 22 del CPPF, cuyo esp\u00edritu apunta a la soluci\u00f3n de los conflictos de una manera alternativa a la tradicionalmente implementada por el derecho penal (mediante la imposici\u00f3n de una pena), priorizando, por el contrario, el restablecimiento de la armon\u00eda entre sus protagonistas y la paz social (cfr. mis votos en causas n\u00b0 23443\/2021 \u00abCreuse y Uboldi<\/em>\u00bb rta. el 05\/07\/21, n\u00b0 5197\/2023 \u201cMolina<\/em>\u00bb rta. el 27\/02\/23, n\u00b0 43280\/2022 \u00abQuintana<\/em>\u00bb rta. el 10\/04\/23, de la Sala VI entre otras).<\/p>\n\n\n\nEn lo que aqu\u00ed interesa, considero que la Resoluci\u00f3n PGN 92\/23 de la Procuraci\u00f3n General de la Naci\u00f3n, contiene disposiciones \u00fanicamente dirigidas a quienes integran el Ministerio P\u00fablico Fiscal.<\/p>\n\n\n\n
Sobre la base de lo expuesto, voto por revocar la decisi\u00f3n recurrida y homologar el acuerdo conciliatorio celebrado entre Villejas y la Dra. Silvana Aguado, -apoderada de \u00abV. (…) S.A.\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Tal es mi voto.<\/p>\n\n\n\n
El juez Mariano A. Scotto dijo:<\/p>\n\n\n\n
En atenci\u00f3n a la disidencia suscitada entre mis colegas y luego de analizados los agravios de la parte recurrente, la r\u00e9plica de la fiscal\u00eda y la opini\u00f3n de la v\u00edctima, adhiero a la soluci\u00f3n propuesta por el juez Lucero.<\/p>\n\n\n\n
En efecto, los argumentos que desarroll\u00f3 el fiscal de la instancia de origen, pueden o no compartirse, pero no se apartan de la ley aplicable ni de las constancias de la causa, extremos que imponen considerarlo suficientemente motivado (CPPN, art. 69) y, consecuentemente, conducen a confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto dispuso no homologar el acuerdo conciliatorio.<\/p>\n\n\n\n
En ese sentido, la C\u00e1mara Nacional de Casaci\u00f3n en lo Criminal y Correccional ha sostenido en diversos precedentes, que en estos casos \u00abes necesaria la participaci\u00f3n y conformidad del Ministerio P\u00fablico Fiscal. Adem\u00e1s de las obligaciones impuestas por la ley, tiene a su cargo el ejercicio de la acci\u00f3n penal y las recientes reformas (ley 27.063, 27.148 y 27.272) le han dado mayores facultades\u00bb <\/em>(C\u00e1mara Nacional de Casaci\u00f3n en lo Criminal y Correccional, Sala II, causa No 25.872\/15, \u00abV.A., B. A. s\/recurso de casaci\u00f3n\u00bb, del 22 de mayo de 2017, voto del juez Eugenio C. Sarrabayrouse, al que adhirieron los jueces Daniel Morin y Luis Fernando Ni\u00f1o).<\/p>\n\n\n\nEl dictamen del fiscal de la instancia de origen -sostenido luego por la Fiscal\u00eda General de C\u00e1mara-, se exhibe razonable en t\u00e9rminos de fundamentaci\u00f3n; y as\u00ed, el antecedente condenatorio que registra la imputada, son extremos que lo motivan (CPPN, art. 69).<\/p>\n\n\n\n
Cierto es que las resoluciones generales que emanan del Procurador General de la Naci\u00f3n solo tienen, en principio, alcance entre los miembros del Ministerio P\u00fablico Fiscal, pero a la hora de evaluar la razonabilidad de la postura fiscal en un caso concreto, no debe soslayarse que esas instrucciones son dictadas en el marco de la obligaci\u00f3n de \u00abfijar la pol\u00edtica de persecuci\u00f3n penal y ejercer la acci\u00f3n penal p\u00fablica, conforme lo establece el C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n y las leyes complementarias, en todos los delitos federales y en aquellos delitos ordinarios cometidos en el \u00e1mbito de \u00bb <\/em>(Ley 27.148 Org\u00e1nica del la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires… Ministerio P\u00fablico Fiscal, art. 3; y en similar sentido art. 12, inc. a), h) y cc.).<\/p>\n\n\n\nLa C\u00e1mara Nacional de Casaci\u00f3n en lo Criminal y Correccional ha dicho tambi\u00e9n que, \u00abpuesto que la Constituci\u00f3n pone en cabeza del Ministerio P\u00fablico Fiscal la competencia sobre el modo como debe ejercerse la acci\u00f3n penal, el consentimiento de esa<\/em> parte en un planteo como el efectuado en este caso determina la <\/em>suerte del proceso\u00bb <\/em>(Sala I, causa N\u00b0 43.844\/10, \u00abEiroa, I.\u00bb<\/em>, 13 de marzo de 2019, voto del juez Pablo Jantus, al que adhirieron los jueces Jorge Rimondi y Patricia Marcela Llerena).<\/p>\n\n\n\nEllo conduce a confirmar, por tratarse de un dictamen motivado, el pronunciamiento apelado en cuanto dispuso no homologar la conciliaci\u00f3n. As\u00ed voto.<\/p>\n\n\n\n
Por todo ello, el tribunal RESUELVE:<\/p>\n\n\n\n
CONFIRMAR la resoluci\u00f3n del 27 de marzo pasado, en todo cuanto fue materia de recurso (art. 455 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n) (\u2026)\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(\u2026) Llega la presente a conocimiento del tribunal, en virtud del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el Dr. Federico Malato, Defensor P\u00fablico Coadyuvante interinamente a cargo de la Defensor\u00eda P\u00fablica Oficial en lo Criminal y Correccional…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":794,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[6],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gabrieliezzi.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5544"}],"collection":[{"href":"https:\/\/gabrieliezzi.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gabrieliezzi.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gabrieliezzi.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gabrieliezzi.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5544"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gabrieliezzi.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5544\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5545,"href":"https:\/\/gabrieliezzi.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5544\/revisions\/5545"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gabrieliezzi.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/794"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gabrieliezzi.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5544"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gabrieliezzi.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5544"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gabrieliezzi.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5544"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}