Un fallo de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones del Trabajo dej\u00f3 al borde del cierre a la Fundaci\u00f3n Pro Vivienda Social, una organizaci\u00f3n que trabaja en barrios populares del conurbano bonaerense.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n judicial obligar\u00eda a la ONG a pagar una indemnizaci\u00f3n superior a los $160 millones en un juicio laboral iniciado por un gasista que trabajaba en proyectos comunitarios vinculados a la extensi\u00f3n de redes de gas.<\/p>\n\n\n\n
El caso gener\u00f3 preocupaci\u00f3n, porque podr\u00eda sentar un precedente sobre c\u00f3mo se interpretan las relaciones laborales dentro de proyectos comunitarios impulsados por ONG. En la fundaci\u00f3n advierten que, si el criterio se consolida, no solo podr\u00eda comprometer la continuidad de la instituci\u00f3n, sino tambi\u00e9n afectar a otros proyectos sociales similares.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La Fundaci\u00f3n Pro Vivienda Social naci\u00f3 en 1992 con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en barrios populares, especialmente en materia de vivienda y acceso a servicios b\u00e1sicos. A lo largo de los a\u00f1os desarroll\u00f3 distintos programas comunitarios, entre ellos sistemas de cr\u00e9ditos solidarios y modelos de financiamiento colectivo para extender redes de gas natural en zonas donde las familias depend\u00edan de garrafas.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan datos de la organizaci\u00f3n, entre 1995 y 2001 otorgaron cr\u00e9ditos solidarios por el equivalente a 12,5 millones de d\u00f3lares, que permitieron a 8700 familias construir o mejorar m\u00e1s de 73.000 metros cuadrados de vivienda. Adem\u00e1s, mediante fideicomisos vecinales, impulsaron la conexi\u00f3n a la red de gas natural para m\u00e1s de 10.000 hogares en barrios populares del conurbano.<\/p>\n\n\n\n \u201cDetr\u00e1s de esos n\u00fameros hay algo m\u00e1s que estad\u00edsticas: hay seguridad, ahorro, salud y previsibilidad para miles de familias\u201d, sostuvo Mar\u00eda Pazo, coordinadora de la Fundaci\u00f3n Pro Vivienda Social.<\/p>\n\n\n\n El conflicto judicial comenz\u00f3 cuando un gasista que participaba en estos proyectos inici\u00f3 una demanda laboral contra la fundaci\u00f3n. La C\u00e1mara del Trabajo consider\u00f3 que, pese a facturar como monotributista y trabajar con sus propias herramientas, deb\u00eda ser encuadrado como empleado de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Desde la fundaci\u00f3n sostienen que el trabajador era contratado por fideicomisos integrados por vecinos y que la ONG actuaba como facilitadora t\u00e9cnica del proyecto. El caso ahora se encuentra bajo revisi\u00f3n del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s all\u00e1 del expediente puntual, el impacto econ\u00f3mico podr\u00eda ser determinante. La organizaci\u00f3n deber\u00eda afrontar una indemnizaci\u00f3n superior a los $160 millones y existen otros cuatro juicios similares en tr\u00e1mite que podr\u00edan elevar la cifra total a cerca de $800 millones.<\/p>\n\n\n\n En la ONG advierten que el golpe financiero ser\u00eda dif\u00edcil de absorber.<\/p>\n\n\n\n El caso abri\u00f3 adem\u00e1s una discusi\u00f3n m\u00e1s amplia sobre c\u00f3mo el sistema jur\u00eddico interpreta las nuevas formas de organizaci\u00f3n social que se desarrollan en barrios populares.<\/p>\n\n\n\n En muchos proyectos comunitarios, las ONG cumplen un rol de articulaci\u00f3n t\u00e9cnica, acompa\u00f1amiento y organizaci\u00f3n de los vecinos, pero no funcionan como empleadores tradicionales. En esos esquemas suelen intervenir cooperativas, profesionales independientes o fideicomisos comunitarios.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa protecci\u00f3n del trabajo es un principio irrenunciable, pero tambi\u00e9n lo es que el marco normativo distinga adecuadamente entre relaciones laborales encubiertas y esquemas genuinos de organizaci\u00f3n aut\u00f3noma\u201d, plante\u00f3 Pazo.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan advierten desde la fundaci\u00f3n, si este criterio judicial se consolida, podr\u00eda tener consecuencias m\u00e1s amplias para el ecosistema de organizaciones sociales que trabajan en barrios vulnerables.<\/p>\n\n\n\n \u201cCuando una organizaci\u00f3n que construye infraestructura b\u00e1sica queda en riesgo de desaparecer, no se afecta \u00fanicamente a una instituci\u00f3n. Se afecta, sobre todo, a miles de familias que encontraron en ese modelo una herramienta concreta para vivir mejor\u201d, se\u00f1al\u00f3 la coordinadora de la entidad.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Publicado originalmente en tn.com.ar<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un fallo de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones del Trabajo dej\u00f3 al borde del cierre a la Fundaci\u00f3n Pro Vivienda Social, una organizaci\u00f3n que trabaja en barrios populares del conurbano bonaerense. 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