{"id":4988,"date":"2025-04-30T11:25:37","date_gmt":"2025-04-30T14:25:37","guid":{"rendered":"https:\/\/gabrieliezzi.com\/portal\/?p=4988"},"modified":"2025-05-21T11:26:43","modified_gmt":"2025-05-21T14:26:43","slug":"fallos-penales-de-interes-general-excepciones-de-previo-y-especial-pronunciamiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gabrieliezzi.com\/portal\/2025\/04\/30\/fallos-penales-de-interes-general-excepciones-de-previo-y-especial-pronunciamiento\/","title":{"rendered":"Fallos Penales de Inter\u00e9s General  \u2013 Excepciones de previo y especial pronunciamiento"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>&nbsp;TEXTO<\/strong> &nbsp; \u201c(\u2026) I. Interviene nuevamente el Tribunal, ahora en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta por la Defensa P\u00fablica Oficial que asiste a <em>J. L. C. <\/em>y <em>N. M. <\/em>contra la decisi\u00f3n de la instancia anterior del 17 de marzo de 2025 que rechaz\u00f3 su planteo de excepci\u00f3n de falta de acci\u00f3n y rechaz\u00f3 el planteo de insubsistencia de la acci\u00f3n penal. (\u2026). V. El juez Julio Marcelo Lucini dijo: Es sabido que no resulta posible establecer un t\u00e9rmino fijo en d\u00edas, meses o a\u00f1os fuera del cual la duraci\u00f3n del proceso deba reputarse ausente de razonabilidad y atentatorio contra las garant\u00edas constitucionales del individuo a riesgo de caer en arbitrariedades inadmisibles (CSJN, Fallos 322:360, disidencia de los Dres. Fayt y Bossert e <em>in re<\/em>, causa n\u00b0 25.160\/17 \u201c<em>Mayo<\/em>\u201d, rta. 3\/10\/2018). Si bien la denuncia se concret\u00f3 hace m\u00e1s de cinco a\u00f1os, lo &nbsp;cierto &nbsp;es &nbsp;que &nbsp;a &nbsp;lo &nbsp;largo &nbsp;del &nbsp;tiempo &nbsp;se &nbsp;adoptaron &nbsp;diversos temperamentos en relaci\u00f3n a los imputados -todos ellos recurridos por la defensa y que provocaron la intervenci\u00f3n de esta Alzada en tres oportunidades-, lo cual deriv\u00f3 en una m\u00e1s exhaustiva investigaci\u00f3n. Por ende, no se observa un plazo absurdo de inactividad que autorice al planteo en an\u00e1lisis. Obs\u00e9rvese que tanto la fiscal\u00eda, donde la causa estuvo inicialmente delegada, como posteriormente el juzgado al reasumir la investigaci\u00f3n diligenci\u00f3 todas las actuaciones necesarias y la vindicta p\u00fablica impuls\u00f3 la acci\u00f3n en varias oportunidades, extremos que dan cuenta de un t\u00e9rmino razonable de tramitaci\u00f3n del proceso y conducen a sostener, al evaluar tales elementos de juicio en los t\u00e9rminos de la doctrina sentada en \u201c<em>Mattei<\/em>\u201d (Fallos: 272:188), \u201c<em>Mozzatti<\/em>\u201d (Fallos: 300:1102), \u201c<em>Kipperband<\/em>\u201d (Fallos: 322:360) y \u201c<em>Egea<\/em>\u201d (Fallos: 327:4815), que no se ha violado la garant\u00eda apuntada (art\u00edculos 18, 31 y 75, inciso 22 de la Constituci\u00f3n Nacional y 7.5 de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Derechos Humanos). Tal es mi voto. La jueza Magdalena La\u00ed\u00f1o dijo: 1\u00b0) En primer lugar habr\u00e9 de abocarme al examen de la decisi\u00f3n sometida a inspecci\u00f3n jurisdiccional en lo que concierne a la situaci\u00f3n de <em>J. L. C.<\/em> Recordemos que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones es una garant\u00eda consagrada constitucional y convencionalmente en nuestro ordenamiento jur\u00eddico (arts. 18 y 75. inc. 22 CN, 8.1 CADH, 9.3 y 14.3.c PIDCyP) y ha sido abordada por la propia Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n en numerosas oportunidades (CSJN \u201c<em>Mattei<\/em>\u201d Fallos: 272:188; \u201c<em>Pileckas<\/em>\u201d Fallos: 297:486; \u201c<em>Klosowsky<\/em>\u201d Fallos: 298:312; \u201c<em>Mozzatti<\/em>\u201d Fallos: 300:1102; \u201c<em>Casiraghi<\/em>\u201d 306:1705; \u201c<em>Kipperband<\/em>\u201d Fallos: 322:360, entre otros). Se trata de un derecho fundamental que opera como l\u00edmite al poder penal estatal en el ejercicio de la persecuci\u00f3n e imposici\u00f3n de pena. Se\u00f1ala la doctrina calificada que \u201c<em>As\u00ed como el proceso debe cesar cuando la acci\u00f3n ha prescripto o cuando el hecho ya ha sido juzgado, debido a que estas circunstancias obstaculizan la constituci\u00f3n o continuaci\u00f3n v\u00e1lida de la relaci\u00f3n procesal, tambi\u00e9n la excesiva duraci\u00f3n del proceso penal, en tanto violaci\u00f3n de una garant\u00eda b\u00e1sica del acusado, conduce a la ilegitimidad del proceso, es decir, su inadmisibilidad, y por tanto, a su terminaci\u00f3n anticipada e inmediata, \u00fanico modo aceptable desde el punto de vista jur\u00eddico -pero tambi\u00e9n l\u00f3gico e incluso desde la perspectiva del sentido com\u00fan- de reconocer validez y efectividad al derecho tratado<\/em>\u201d (PASTOR, Daniel, \u201c<em>El plazo razonable en el proceso del estado de derecho\u201d<\/em>, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1\u00aa Reimpresi\u00f3n 2009, p\u00e1g. 612). La duraci\u00f3n razonable de un proceso depende, en gran medida, de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que no puede traducirse en n\u00famero de d\u00edas, meses o a\u00f1os, sino que debe contemplar extremos tales como la complejidad del asunto y la manera en que fue llevado por las autoridades judiciales (cfr. CSJN, \u201c<em>Kipperband <\/em>\u201d ya citado, votos de los ministros Fayt y Bossert- y \u201c<em>Barra<\/em>\u201d Fallos: 327:327). Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso \u201c<em>Kimel vs. Argentina<\/em>\u201d (sentencia del 2 de mayo de 2008) retom\u00f3 los criterios o las dimensiones de an\u00e1lisis generalmente aceptadas a efectos de determinar la razonabilidad del plazo de duraci\u00f3n de un proceso, a saber: i) complejidad del asunto, ii) actividad procesal del interesado, y iii) conducta de las autoridades judiciales (cfr. <em>Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas<\/em>. <em>&nbsp;<\/em>Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, p\u00e1rr. 77; <em>Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas<\/em>. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, p\u00e1rr. 102, y <em>Caso Escu\u00e9 Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. <\/em>Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, p\u00e1rr. 102) (ver de esta Sala, causa nro. CCC 7534\/2009\/CA1 \u201c<em>A., M. M. s\/ prescripci\u00f3n<\/em>\u201d rta: 16\/12\/20). En el caso el recurrente estim\u00f3 que la duraci\u00f3n de m\u00e1s de cinco a\u00f1os del proceso instaurado en contra de <em>C. <\/em>y <em>M. <\/em>por el delito de corrupci\u00f3n de menores hab\u00eda excedido esos l\u00edmites, por lo que correspond\u00eda declarar la insubsistencia de la acci\u00f3n penal por aplicaci\u00f3n del principio del plazo razonable. Si bien el cotejo de las actuaciones torna comprensibles los reparos que dirige la defensa, que incluso tambi\u00e9n se proyectan en una posible vulneraci\u00f3n de los derechos de la v\u00edctima que podr\u00edan conducir a sanciones para el Estado argentino por no respetar los compromisos asumidos, lo cierto es que, la morosidad aludida no conduce sin m\u00e1s a aceptar el planteo de la defensa de insubsistencia de la acci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de las demoras aludidas. Basta repasar que, siquiera transcurri\u00f3 el plazo previsto para la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n por prescripci\u00f3n con relaci\u00f3n al delito atribuido (cfr. arts. 59 inc. 3 y 62 inc.2 del C.P.). En concreto no se presentan en el caso los extremos considerados por nuestro M\u00e1ximo Tribunal al resolver en los precedentes \u201c<em>N\u00fa\u00f1ez<\/em>\u201d (Fallos: 346:319); \u201c<em>Farina<\/em>\u201d (Fallos: 342:2344) y \u201c<em>Acerbo<\/em>\u201d (Fallos 330:3640), entre otros y por ello voto por rechazar el planteo. Ello sin perjuicio de exhortar a todos los intervinientes a que situaciones como las que aqu\u00ed se presentan no se repitan en casos futuros (cfr. Sala VI, causa n\u00b0 64625\/2019 <em>\u00abW., H.\u00bb<\/em>, rta. el 01\/10\/24). 2\u00b0) Finalmente, en lo que concierte a la situaci\u00f3n de <em>N. N. M.<\/em>, en virtud de cuanto expusiera al examinar su situaci\u00f3n en la decisi\u00f3n del 20 de noviembre de 2024 en los autos principales, oportunidad en la que propici\u00e9 su desvinculaci\u00f3n y sobreseimiento, m\u00e1s all\u00e1 de tratarse de una cuesti\u00f3n vencida, estimo que no corresponde que me expida sobre el particular. VII. El juez Ignacio Rodr\u00edguez Varela dijo: Intervengo en la presente en virtud de la falta de acuerdo entre mis colegas respecto a la situaci\u00f3n de <em>N. N. M.<\/em> En ese sentido, tal como sostuve en la causa de la Sala IV de esta C\u00e1mara, n\u00b0 85347\/00\/CA41 \u201c<em>Giannoni<\/em>\u201d, rta. el 06\/07\/23, entre otras, a la que me remito en honor a la brevedad, habr\u00e9 de adherir al voto del juez Lucini por cuando considero que el <em>plazo razonable <\/em>\u201c<em>no es un concepto de \u201csencilla definici\u00f3n\u201d y que no es posible establecer un plazo determinado<\/em>\u201d. No obstante, \u201c<em>en el caso Su\u00e1rez Rosero (sentencia del 12-11-1997) la Corte Interamericana de Derechos Humanos \u2013al compartir lo decidido por la Corte Europea de Derechos Humanos\u2013 sostuvo que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso se deben tomar en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales (conf. caso Genie Lacayo, sentencia de 29 de enero de 1997. <\/em><em>Serie C No. 30, p\u00e1rr 77; y Eur. Court H.R., Motta judgment of 19 February 1991, Series A No. 195-A, p\u00e1rr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain Judgment of 23 R. 1008. <\/em><em>XLIII<\/em>\u201d (CSJN, \u201cRichards\u201d, causa N\u00b0 46022\/97, rta. 31-8-2010). En la presente, tal como se rese\u00f1\u00f3 en los ac\u00e1pites que anteceden, el caso tuvo una complejidad que demand\u00f3 el tiempo de tramitaci\u00f3n ahora cuestionado -cabe destacar que incluso esta Alzada debi\u00f3 intervenir en tres oportunidades-. Lo expuesto, sumado a la inexistencia de demoras arbitrarias, lleva a concluir entonces en que el plazo de juzgamiento insumido no resulta irrazonable. As\u00ed voto. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la decisi\u00f3n de la instancia anterior del pasado 17 de marzo, en cuanto fuera materia de recurso (\u2026)\u201d. &nbsp;<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><object class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/gabrieliezzi.com\/portal\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/N\u00b0-54-2025-C-J-L.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:600px\" aria-label=\"Incrustado de N\u00b0-54-2025-C-J-L.\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-27144620-485c-48fa-b08d-6dde5c3004f9\" href=\"https:\/\/gabrieliezzi.com\/portal\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/N\u00b0-54-2025-C-J-L.pdf\">N\u00b0-54-2025-C-J-L<\/a><a href=\"https:\/\/gabrieliezzi.com\/portal\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/N\u00b0-54-2025-C-J-L.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-27144620-485c-48fa-b08d-6dde5c3004f9\">Descarga<\/a><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;TEXTO &nbsp; \u201c(\u2026) I. 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