{"id":4951,"date":"2025-03-12T09:47:05","date_gmt":"2025-03-12T12:47:05","guid":{"rendered":"https:\/\/gabrieliezzi.com\/portal\/?p=4951"},"modified":"2025-04-01T09:48:38","modified_gmt":"2025-04-01T12:48:38","slug":"fallos-penales-de-interes-general-facultades-de-la-defensa-magistrado-que-no-hizo-lugar-a-la-solicitud-de-suspension-de-la-notificacion-cursada-en-los-terminos-del-articulo-349-del-codigo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gabrieliezzi.com\/portal\/2025\/03\/12\/fallos-penales-de-interes-general-facultades-de-la-defensa-magistrado-que-no-hizo-lugar-a-la-solicitud-de-suspension-de-la-notificacion-cursada-en-los-terminos-del-articulo-349-del-codigo\/","title":{"rendered":"Fallos Penales de Inter\u00e9s General \u2013 Facultades de la defensa – Magistrado que no hizo lugar a la solicitud de suspensi\u00f3n de la notificaci\u00f3n cursada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n
 TEXTO<\/strong>   \u201c(\u2026) I.- Convoca la atenci\u00f3n de la Sala la apelaci\u00f3n deducida por la Defensa P\u00fablica Oficial que asiste a T. A. \u00c1lvarez Cabezas, contra el auto del 6 de diciembre de 2024 que no hizo lugar a la suspensi\u00f3n de la notificaci\u00f3n cursada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n. II.- El 12 de noviembre de 2024, T. A. \u00c1lvarez Cabezas fue procesado como autor penalmente responsable de los delitos de defraudaci\u00f3n mediante el uso no autorizado de los datos de tarjetas de cr\u00e9dito ajenas, reiterado en cincuenta y un (51) oportunidades, en concurso real con el de incumplimiento de los deberes de funcionario p\u00fablico (art\u00edculos 45, 55, 172, 173 inc. 15, 248 y 249 del C\u00f3digo Penal). Por esas conductas, el 28 de noviembre de 2024 el Ministerio P\u00fablico Fiscal requiri\u00f3 la elevaci\u00f3n a juicio de las actuaciones y ese mismo d\u00eda la jueza de grado notific\u00f3 a la asistencia t\u00e9cnica en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 349 del C.P.P.N. Asimismo, a ra\u00edz de la presentaci\u00f3n que \u00e9sta hab\u00eda realizado el 21 de noviembre, dispuso diligencias para determinar qu\u00e9 persona o entidad hab\u00eda afrontado el perjuicio econ\u00f3mico provocado por el desconocimiento de los consumos gestionados por los titulares de las tarjetas de cr\u00e9dito. No obstante, el 5 de diciembre de 2024, la parte solicit\u00f3 que se dejara sin efecto la notificaci\u00f3n librada; petici\u00f3n que el 6 de diciembre fue rechazada por la magistrada a quo<\/em>. III.- El recurrente entiende que antes de expedirse en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 349 del C.P.P.N. debe conocerse qui\u00e9n afront\u00f3 el detrimento patrimonial ocasionado por las maniobras perpetradas por su asistido, pues ello posibilitar\u00eda arribar a alguna de las soluciones alternativas previstas en el art\u00edculo 34 del C.P.P.F. Lo contrario, vedar\u00eda su concreci\u00f3n, en tanto la Resoluci\u00f3n PGN 92\/23 del 7 de diciembre de 2023, estipul\u00f3 un l\u00edmite de oportunidad para que el Ministerio P\u00fablico Fiscal los convalide. Por otro lado, aduce que la asignaci\u00f3n jur\u00eddica aplicada al agravar la situaci\u00f3n procesal de su pupilo, en raz\u00f3n a su provisoriedad, no resulta un impedimento para suscribir un acuerdo con los damnificados. Subsidiariamente, peticiona que se declare la inconstitucionalidad de la Resoluci\u00f3n PGN 92\/23 porque limita arbitrariamente la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 34 del C.P.P.F., en contradicci\u00f3n con su art\u00edculo 22, puesto que el Procurador \u201cse entromete injustificadamente en funciones legislativas que no le competen\u201d<\/em>. IV.- El juez Julio Marcelo Lucini dijo: Los agravios esgrimidos por la parte son improcedentes. El an\u00e1lisis conjunto de los art\u00edculos 5, 163 y 349 del C.P.P.N. permite afirmar que la \u00faltima norma contempla un plazo perentorio y, en el caso concreto, no se advierte una situaci\u00f3n de excepci\u00f3n que habilite su pr\u00f3rroga y, menos a\u00fan, su suspensi\u00f3n como pretende el apelante (ver, mutatis mutandis <\/em>Sala IV, causa n\u00b0 80768\/2018\/2 \u201cF.J.\u201d, rta. 12\/03\/20). Adem\u00e1s, dadas las conductas reprochadas no ser\u00eda posible, en esta etapa del proceso, arribar a la soluci\u00f3n alternativa que se procura. La Resoluci\u00f3n N\u00b0 2\/2019 dictada el 17 de noviembre de 2019 y publicada el 19 de ese mes en el Bolet\u00edn Oficial, otorga operatividad al art\u00edculo 34, segundo p\u00e1rrafo del C\u00f3digo Procesal Penal Federal \u2014aprobado por la Ley N\u00b0 27.063\u2014, entre otros, en el \u00e1mbito de la justicia nacional (cfr. Sala VI, causa n\u00b0 65161\/2023, \u201cD\u00edaz, A. A.\u201d <\/em>rta. el 11\/03\/24, y su cita). All\u00ed se estableci\u00f3 que proceder\u00e1 el acuerdo en los delitos con contenido patrimonial sin grave violencia, o en los culposos, siempre y cuando no hayan existido lesiones grav\u00edsimas o muerte. Sobre esa base, no se re\u00fanen los presupuestos establecidos, por cuanto se atribuyen a \u00c1lvarez Cabezas los delitos de defraudaci\u00f3n mediante el uso no autorizado de los datos de tarjetas de cr\u00e9dito ajenas reiterada en cincuenta y un (51) oportunidades, en concurso real con el de incumplimiento de deberes de funcionario p\u00fablico. Esta \u00faltima figura resulta excluyente para su aplicaci\u00f3n. En resumen, la asistencia t\u00e9cnica pretende soslayar la asignaci\u00f3n jur\u00eddica bajo la cual fue subsumido el accionar de su pupilo, que bajo ning\u00fan modo o concepto fue controvertida oportunamente. Por otro lado, es de notar que las diligencias ordenadas en la providencia del pasado 28 de noviembre est\u00e1n destinadas a determinar qui\u00e9n afront\u00f3 el perjuicio econ\u00f3mico en algunas de las operaciones, no en su totalidad, circunstancia que lleva a inferir que si realmente la parte quisiera arribar a una soluci\u00f3n los t\u00e9rminos del art\u00edculo 34 del C.P.P.F., podr\u00eda haberla propuesto a los damnificados ya identificados, lo que no ocurri\u00f3 y entonces ahora, en el contexto se\u00f1alado, exhibe m\u00e1s bien un intento por demorar del tr\u00e1mite del legajo. Finalmente, se recuerda que la invalidez constitucional de una norma s\u00f3lo puede ser declarada cuando la afectaci\u00f3n sea de una entidad tal que la justifique. En el caso, los argumentos rese\u00f1ados revelan que el planteo carece de virtualidad jur\u00eddica suficiente, pues no se advierte una concreta demostraci\u00f3n de la relaci\u00f3n directa e inmediata entre lo decidido y la garant\u00eda constitucional invocada. V.- El juez Ignacio Rodr\u00edguez Varela dijo: Comparto en lo sustancial la postura de mi colega preopinante. Asimismo, cabe agregar que en el caso particular tampoco se verific\u00f3 manifestaci\u00f3n alguna del Ministerio P\u00fablico Fiscal en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 30 del C.P.P.F. (ver, mutatis mutadis<\/em>, Sala IV, causas n\u00b0 20680\/2022 \u201cBogado Acu\u00f1a, S. D.\u201d<\/em>, rta. el 17\/08\/22; n\u00b0 12435\/2024\/CA1, \u201cGarc\u00eda, J. I.\u201d<\/em>, rta. el 07\/06\/24 y n\u00b0 49108\/2023\/CA1 \u201cSeminario Simbala, P. A.\u201d<\/em>, rta.: 13\/12\/24, entre muchas otras). En        virtud   del       acuerdo que      antecede,         el         Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR, en todo cuanto fue materia de recurso, el decreto del 6 de diciembre de 2024 (\u2026)\u201d.  <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

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