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\u201c(\u2026) Convoca la atenci\u00f3n de la Sala el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la fiscal\u00eda, contra el auto mediante el cual no se le impuso la prisi\u00f3n preventiva a G. M. Soria Pari al dictarse su procesamiento.
(\u2026).
Y CONSIDERANDO:
En base a los elementos de ponderaci\u00f3n reunidos, luce procedente la medida de coerci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 312 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n.
En efecto, m\u00e1s all\u00e1 de la penalidad establecida para el delito por el cual fuera procesado (robo en poblado y en banda en grado de tentativa, por el que deber\u00e1 responder en calidad de coautor (arts. 42, 45 y 167 inc. 2\u00b0 del C\u00f3digo Penal), se destaca que el 28 de agosto de 2020, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N\u00ba 14, lo conden\u00f3 a la pena \u00fanica de tres a\u00f1os de prisi\u00f3n de ejecuci\u00f3n condicional, por el delito de robo reiterado en cuatro oportunidades. Esa sanci\u00f3n fue el resultado de la unificaci\u00f3n con la dictada el 5 de noviembre de 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N\u00ba 21, a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n en suspenso, por robo en poblado y en banda en grado de tentativa.
En tales condiciones, un pronunciamiento similar en esta causa necesariamente ser\u00e1 de cumplimiento efectivo, a la vez que importar\u00e1 la revocaci\u00f3n de la condicionalidad anterior y su unificaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 27 y 58 del C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n, de manera que el caso encuadra en el supuesto de prisi\u00f3n preventiva del art\u00edculo 312, inciso 1\u00b0, del C.P.P.N
Gravitan de manera adversa las particulares caracter\u00edsticas del hecho por el cual se la ha dictado el procesamiento que tambi\u00e9n conducen a la procedencia de la medida requerida en arreglo a la causal subisidaria el art. 312 del C.P.P.N, as\u00ed como a la previsi\u00f3n semejante del art. 221, \u201cb\u201d del C.P.P.F.
Ello, en tanto ilustra el despliegue de una maniobra coordinada, que se infiere planificada con antelaci\u00f3n, en la que intervinieron tres motocicletas y un autom\u00f3vil, utilizados para perseguir a la v\u00edctima, hasta intentar el apoderamiento. Este \u00faltimo, precisamente, estaba registrado en ese momento a nombre del encausado, que apenas dos meses despu\u00e9s lo transfiri\u00f3 a otra persona, impidiendo su secuestro.
Lo se\u00f1alado, adem\u00e1s de ilustrar cierta organizaci\u00f3n en el desarrollo del evento, denota que G. M. Soria Pari despleg\u00f3 actividades tendientes a obstaculizar la investigaci\u00f3n, como tambi\u00e9n que cuenta con medios y dinero que podr\u00edan facilitar su probable elusi\u00f3n de la justicia, sobre todo teniendo presente el avance la pesquisa en su contra y su condici\u00f3n de extranjero (inciso \u201cc\u201d, art\u00edculo 221 del CPPF).
Sobre este punto, la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n ha se\u00f1alado que la gravedad del hecho reprochado y sus circunstancias \u201ctambi\u00e9n constituyen pautas de valoraci\u00f3n exigidas por el legislador, a los efectos del juicio prospectivo previsto en el art\u00edculo 319 del c\u00f3digo ritual\u201d (Sala IV, causas N\u00ba 20.669\/2020\/1 \u201cGonz\u00e1lez Ram\u00edrez\u201d, del 18-5-2020 y 25.139\/2020\/1 \u201cDa Silva Alonzo\u201d, del 17-6-2020).
En relaci\u00f3n a su nacionalidad, pese a que tramit\u00f3 y obtuvo su permanencia en el pa\u00eds, en caso de resultar condenado en estos actuados, podr\u00eda aplic\u00e1rsele el art\u00edculo 62 de la ley 25.871, que conllevar\u00eda la cancelaci\u00f3n de su residencia y su expulsi\u00f3n del pa\u00eds. En efecto, la norma contempla que \u201cLa Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondieran deducir, cancelar\u00e1 la residencia que hubiese otorgado, con efecto suspensivo, cualquiera fuese su antig\u00fcedad, categor\u00eda o causa de la admisi\u00f3n y dispondr\u00e1 la posterior expulsi\u00f3n, cuando\u2026\u201cEl residente hubiese sido condenado judicialmente en la Rep\u00fablica por delito doloso que merezca pena privativa de libertad mayor de cinco (5) a\u00f1os\u201d (inc. b, primera oraci\u00f3n). Asimismo, el art\u00edculo 63 dispone que \u201ca) La cancelaci\u00f3n de la residencia conlleva la conminaci\u00f3n a hacer abandono del pa\u00eds dentro del plazo que se fije o la expulsi\u00f3n del Territorio Nacional tomando en consideraci\u00f3n las circunstancias f\u00e1cticas y personales del interesado, seg\u00fan lo establezca la Reglamentaci\u00f3n; b) La expulsi\u00f3n lleva impl\u00edcita la prohibici\u00f3n de reingreso permanente o por un t\u00e9rmino que en ning\u00fan caso podr\u00e1 ser inferior a cinco (5) a\u00f1os y se graduar\u00e1 seg\u00fan la importancia de la causa que la motivara. Dicha prohibici\u00f3n s\u00f3lo podr\u00e1 ser dispensada por la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones\u201d (Sala IV, causa N\u00b0 41.061\/22\/1, \u201cTineo L\u00f3pez\u201d, rta. 23-8-22).
Se advierte tambi\u00e9n que la investigaci\u00f3n se encuentra en pleno desarrollo, ya que a\u00fan resta identificar a otros participantes de del suceso, lo cual podr\u00eda ser f\u00e1cilmente obstaculizado por el imputado en caso de continuar en libertad.
Finalmente, la reiteraci\u00f3n delictiva en orden a delitos contra la propiedad se presenta en este caso como un elemento objetivo y cierto, documentada en sucesivas sentencias y no en meras causas en tr\u00e1mite, con lo que se cumplen las exigencias de la C.I.D.H. para incorporarse a la valoraci\u00f3n del riesgo procesal, en tanto \u201cel peligro de reiteraci\u00f3n debe ser real y tener en cuenta la historia personal y la evaluaci\u00f3n profesional de la personalidad y el car\u00e1cter del acusado. Para tal efecto, resulta especialmente importante constatar, entre otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad\u201d (C.I.D.H., Informe 2\/1997, par\u00e1grafo 32, Sala IV, causa N\u00b0 57.072\/22\/1, \u201cAranda Acevedo\u201d, rta. 4-11-22, entre muchas otras).
Por los motivos expuestos, en particular la evidencia del incumplimiento de anteriores compromisos, la prisi\u00f3n preventiva se presenta como la medida de coerci\u00f3n id\u00f3nea e indispensable para lograr la aplicaci\u00f3n de la ley al caso, pues se advierte necesario un reaseguro superior a la mera imposici\u00f3n de las pautas de conducta, prohibiciones, interdicciones, cauciones o alternativas de prisi\u00f3n que prev\u00e9 el art\u00edculo 210, incisos \u201ca\u201d al \u201cj\u201d, del C.P.P.F. y los art\u00edculos 310 y 321, del C.P.P.N.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
REVOCAR el auto apelado y ordenar la PRISI\u00d3N PREVENTIVA de G. M. Soria Pari, que deber\u00e1 hacer efectiva el juez de la instancia anterior (art\u00edculo 312 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n) (\u2026)\u201d.<\/p>\n\n\n\n
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