Nancy M\u00e9ndez hab\u00eda sido condenada por el Tribunal Oral en lo Criminal n\u00ba 7 de esta ciudad a la pena de cuatro a\u00f1os de reclusi\u00f3n como autora del delito de homicidio atenuado por haberse cometido en estado de emoci\u00f3n violenta (art. 81, inc. a, del C\u00f3digo Penal). Una vez firme la sentencia, se practic\u00f3 el c\u00f3mputo de la pena impuesta a la nombrada teniendo en cuenta que hab\u00eda estado detenida en prisi\u00f3n preventiva durante siete meses y tres d\u00edas.<\/p>\n
Una vez firme la sentencia, en base al art. 24 del C\u00f3digo Penal se computaron (por esos siete meses y 3 d\u00edas) dos d\u00edas de prisi\u00f3n preventiva como uno de reclusi\u00f3n, c\u00e1lculo que fue cuestionado por su defensor oficial por considerar que la norma \u201cdevino irracional frente a las sucesivas leyes de ejecuci\u00f3n que establecieron la equiparaci\u00f3n de las penas privativas de libertad\u201d.<\/p>\n
El tribunal oral hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad y, fij\u00f3 una nueva fecha de vencimiento de la pena con arreglo al c\u00f3mputo establecido para la prisi\u00f3n lo que motiv\u00f3 el recurso del fiscal. As\u00ed la Sala III de la C\u00e1mara Nacional de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 la nulidad del fallo al considerar que\u00a0\u00abresultaba imposible en la etapa de ejecuci\u00f3n revisar de modo indirecto la validez constitucional de este tipo de pena echando mano a la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad del art. 24 del C\u00f3digo Penal\u00bb<\/i><\/p>\n
Para fundamentar su resoluci\u00f3n la Sala III sostuvo que ser\u00eda una\u00a0\u201cautocontradicci\u00f3n… reconocer expresamente por un lado los efectos propios de una sentencia definitiva dictada en la causa, y, sin embargo, pronunciarse en sentido afirmativo al tratar la inconstitucionalidad del art\u00edculo 24 del c\u00f3digo de fondo y en consecuencia alterar de modo indirecto la especie de pena originalmente impuesta a M\u00e9ndez, mut\u00e1ndola de reclusi\u00f3n a prisi\u00f3n, ignorando por completo los alcances del decisorio firme apuntado\u201d.<\/i><\/p>\n
Tal decisi\u00f3n motivo un nuevo recurso, \u00e9sta vez interpuesto por la defensa basado en que la distinci\u00f3n en el modo de computar los d\u00edas de detenci\u00f3n cautelar, seg\u00fan la especie de pena, \u201cdeviene arbitraria\u201d frente a la unificaci\u00f3n del r\u00e9gimen de ejecuci\u00f3n penal vigente. Por otro lado se\u00f1al\u00f3 la desigualdad que implica, en el caso de una condena por id\u00e9ntico lapso, la prolongaci\u00f3n de la privaci\u00f3n de libertad para aquel imputado que permaneci\u00f3 en prisi\u00f3n preventiva en parang\u00f3n con el que no cumpli\u00f3 tiempo alguno en esa condici\u00f3n.<\/p>\n
Al analizar la causa, los ministros del alto tribunal afirmaron que la Sala III de Casaci\u00f3n Penal dio un alcance inadecuado a la modificaci\u00f3n del c\u00f3mputo pues \u201cno se examin\u00f3 la validez constitucional de la pena de reclusi\u00f3n sino de la desigual imputaci\u00f3n de la prisi\u00f3n preventiva a la reclusi\u00f3n (art. 24 del C\u00f3digo Penal), cuesti\u00f3n que era propia de la etapa de ejecuci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Consideraron que \u201cefectu\u00f3 una err\u00f3nea comprensi\u00f3n de las resoluciones anteriormente dictadas que lo llev\u00f3 a predicar un estado de preclusi\u00f3n o cosa juzgada notoriamente extra\u00f1o a las constancias de la causa, incurriendo de esta manera en una deficiente fundamentaci\u00f3n que descalifica el fallo como acto judicial\u201d.<\/p>\n
As\u00ed calificaron de \u201cacertada\u201d la decisi\u00f3n del tribunal oral que corrigi\u00f3 el c\u00f3mputo dado que\u00a0\u201cla pena de reclusi\u00f3n debe considerarse virtualmente derogada por la ley 24.660 de ejecuci\u00f3n penal puesto que\u00a0no existen diferencias en su ejecuci\u00f3n con la de prisi\u00f3n<\/b>, de modo tal que cada d\u00eda de prisi\u00f3n preventiva debe computarse como un d\u00eda de prisi\u00f3n, aunque \u00e9sta sea impuesta con el nombre de reclusi\u00f3n\u201d<\/i><\/p>\n