\u201c(\u2026) \u00a0En el marco de la audiencia de clausura del procedimiento para los casos de flagrancia (ley 27.272), la Sra. jueza de la instancia de origen dispuso no hacer lugar al pedido de suspensi\u00f3n de juicio a prueba solicitado por la defensa de J. F. Zamora<\/b>, decisi\u00f3n que fue impugnada por esa parte.<\/p>\n
Materializada la audiencia prevista en el art\u00edculo 454 del CPPN mediante video conferencia a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n \u201cGoogle Meet\u201d, expuso agravios el defensor oficial, Dr. Ariel Vilar. Por su parte, efectu\u00f3 r\u00e9plica en representaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda de C\u00e1mara n\u00b0 2, Marcos De Tomasso.<\/p>\n
De esta manera, las actuaciones se encuentran en condiciones de ser resueltas.<\/p>\n
II.<\/b> La defensa plante\u00f3, en lo sustancial, que el delito que se le atribu\u00eda a su asistida no requer\u00eda del consentimiento fiscal, pues, la pena por la calificaci\u00f3n legal escogida no exced\u00eda los 3 a\u00f1os. A ra\u00edz de lo expuesto, estim\u00f3 que se encontraban cumplidas todas las condiciones para conceder el instituto de la suspensi\u00f3n del juicio a prueba. Agreg\u00f3 puntualmente que el monto ofrecido en concepto de reparaci\u00f3n ($ 2.000) era por dem\u00e1s razonable atento a los valores de la mercader\u00eda sustra\u00edda y la situaci\u00f3n personal de la imputada. Por \u00faltimo, afirm\u00f3 que no resultaba exigible a Zamora la devoluci\u00f3n de los bienes desapoderados porque ello afectar\u00eda el principio de inocencia y de culpabilidad.<\/p>\n
En la audiencia, el defensor mantuvo los agravios y agreg\u00f3 que con esfuerzo su asistida pod\u00eda ofrecer la suma de cuatro mil pesos ($4.000) en concepto de reparaci\u00f3n del da\u00f1o.<\/p>\n
III.<\/b> Respecto de la primera cuesti\u00f3n, esto es, si el dictamen fiscal resulta vinculante para la decisi\u00f3n jurisdiccional, ya he dicho con anterioridad que el art\u00edculo 76 bis del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n prev\u00e9 dos supuestos distintos.<\/p>\n
En efecto, \u201cla ley reclama tal consentimiento debido a la mayor gravedad que los delitos all\u00ed mencionados<\/i> [por los previstos en el cuarto p\u00e1rrafo] revisten respecto de los descriptos en los dos primeros p\u00e1rrafos de la citada norma (\u201ccuyo m\u00e1ximo no exceda de tres a\u00f1os\u201d). As\u00ed, se ha sostenido que, salvo supuestos excepcionales de arbitrariedad, la oposici\u00f3n fiscal es vinculante para el otorgamiento del beneficio (CNCasaci\u00f3n Penal, en pleno, 1999\/08\/17, \u201cKosuta\u201d, La Ley, 1999-D, 851; TCasaci\u00f3n Penal Buenos Aires, Sala I, 2005\/05\/05, \u201cReale, S.\u201d). Lo ser\u00e1 cuando \u201cel dictamen se encuentre debidamente fundado\u201d (TS C\u00f3rdoba, sala penal, 2002\/10\/22, \u201cQuintana\u201d, LLC, 2003 -mayo-, 465), es decir que aqu\u00e9l se encuentra sujeto \u201cal control de su l\u00f3gica y de sus fundamentos por parte del \u00f3rgano jurisdiccional\u201d (C.C.C., Sala I, JA, 2001-I, \u00edndice, 187)\u201d.<\/i><\/p>\n
A partir de ello, entonces, el argumento central de la defensa debe ser atendido y concluir que el primer supuesto previsto por la norma no <\/i>requiere del consentimiento fiscal para su procedencia.<\/p>\n
Sin perjuicio de ello, la conclusi\u00f3n arriba expuesta no implica de manera autom\u00e1tica la procedencia del instituto.<\/p>\n
La suspensi\u00f3n del juicio a prueba se encuentra \u00edntimamente vinculada con la existencia de razones fundadas de pol\u00edtica criminal que pueda esbozar el Ministerio P\u00fablico Fiscal, que es el exclusivo titular de la acci\u00f3n penal p\u00fablica en nuestro sistema (art\u00edculos 71 del C\u00f3digo Penal, 5 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n y 3 de la ley 27.148), de manera que si bien su opini\u00f3n en estos casos no resulta directamente vinculante para la jueza, s\u00ed resulta relevante y debe ser especialmente valorada a los efectos de analizar cada uno de los presupuestos que exige la norma penal y si corresponde obstaculizar el ejercicio de la acci\u00f3n penal, impidiendo de esta manera la concreci\u00f3n del juicio oral y p\u00fablico pretendida por el acusador.<\/p>\n
Bajo tales condiciones, estimo que las razones que ha se\u00f1alado tanto el fiscal de instrucci\u00f3n, oportunamente, como el representante de la Fiscal\u00eda de C\u00e1mara en la audiencia, resultan atendibles.<\/p>\n
Es que se verifica del requerimiento de elevaci\u00f3n a juicio que se le imput\u00f3 a la imputada Zamora el haber sustra\u00eddo –junto con otras dos personas a\u00fan no identificadas<\/i>– prendas del interior de un local comercial, al cual ingresaron las tres victimarias y se llevaron cuarenta y ocho unidades de ropa<\/i>. Tal sustracci\u00f3n se tradujo en un perjuicio econ\u00f3mico al propietario del lugar equivalente a la suma de diecis\u00e9is mil ochocientos pesos ($16.800), en tanto que no se logr\u00f3 recuperar ninguno de los objetos sustra\u00eddos.<\/p>\n
En esas condiciones, se comparte la valoraci\u00f3n de la fiscal\u00eda, respecto a que la suma ofrecida en concepto de reparaci\u00f3n del da\u00f1o resulta irrisoria al compararla con los bienes sustra\u00eddos. Es que el monto resulta ser menor a la cuarta parte del valor equivalente a las prendas desapoderadas y no se avizora, al menos de momento, que la imputada no hubiera podido efectuar un mejor ofrecimiento que verdaderamente ilustre su voluntad de subsanar la lesi\u00f3n provocada.<\/p>\n
Se valora especialmente que la situaci\u00f3n personal de la imputada no es tal que en principio le impida ofrecer mejores condiciones que evidencien verdaderamente una voluntad de reparar el da\u00f1o ocasionado, en tanto, se verifica -y la propia defensa ha reconocido- que cuenta con contenci\u00f3n familiar suficiente.<\/p>\n
En este sentido, se ha sostenido que \u201cla oferta efectuada debe guardar cierta relaci\u00f3n de razonabilidad con la cuantificaci\u00f3n estimativa del da\u00f1o que haya efectuado el damnificado, que si bien no debe coincidir exactamente con los montos reclamados a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n o resarcimiento, tiene que alcanzar niveles suficientes para ser estimado como un gesto serio y sincero de arrepentimiento activo y de internalizaci\u00f3n de la situaci\u00f3n de la v\u00edctima<\/i>\u201d (D\u2019Alessio, Andr\u00e9s J. – Divito, Mauro A., C\u00f3digo Penal comentado y anotado parte general<\/i>, 1\u00aa ed., Buenos Aires, La Ley, p. 750).<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, las consideraciones arriba efectuadas me persuaden de que la decisi\u00f3n de la jueza, en cuanto no hizo lugar al instituto peticionado, valorando la voluntad fiscal de mantener el impulso de la acci\u00f3n, resulta razonable y la defensa no ha logrado aportar fundamentos que ameriten apartarse de esa conclusi\u00f3n, por lo que la resoluci\u00f3n se confirmar\u00e1. (\u2026)\u201d<\/p>\n
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