\u201cLa conciliaci\u00f3n es un supuesto de disponibilidad de la acci\u00f3n penal por parte de su titular, todo ello de acuerdo a lo que establece el art. 30, inc. c), CPPF, raz\u00f3n por la cual su aplicaci\u00f3n no puede prosperar si no se cuenta con un dictamen fiscal favorable, siempre que \u00e9ste se encuentre suficientemente fundado y supere un control de legalidad y razonabilidad (voto de los jueces Bruzzone y Rimondi).<\/p>\n
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El art. 34 CPPF establece que la conciliaci\u00f3n se configura con el acuerdo que se logre entre el imputado y la v\u00edctima, e impone que en la audiencia de homologaci\u00f3n est\u00e9n presentes todas las partes, las cuales deben ratificar ese acuerdo. Por ende, ese razonamiento da cuenta de que si, conforme el art. 25 CPPF, la acci\u00f3n p\u00fablica es ejercida por el Ministerio P\u00fablico Fiscal, sin su conformidad, la conciliaci\u00f3n no podr\u00e1 ser homologada. Es que, al ser legalmente incorporada como un supuesto de disponibilidad de la acci\u00f3n, la posici\u00f3n del MPF es vinculante aun en los dos casos descriptos por el art. 34, CPPF. En otras palabras, la fiscal\u00eda puede oponerse a una conciliaci\u00f3n hasta en un asunto con contenido patrimonial y sin grave violencia, siempre que lo haga fundadamente y por cuestiones de pol\u00edtica criminal (voto de los jueces Bruzzone y Rimondi)<\/p>\n
Cita de \u201cVillasanti, David Angel\u201d, Reg. n\u00b0. 322\/2020.<\/p>\n
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