RESOLUCI\u00d3N<\/p>\n
Carlos Alberto Gonz\u00e1lez e Ignacio Rodr\u00edguez Varela confirmaron la decisi\u00f3n que revoc\u00f3 la suspensi\u00f3n del juicio a prueba y declar\u00f3 su rebeld\u00eda y captura.<\/p>\n
TEXTO<\/p>\n
\u201c(\u2026) La jueza de instrucci\u00f3n, en el auto que es materia de recurso, frente al incumplimiento de las pautas fijadas al probado y a su falta de concurrencia a la citaci\u00f3n cursada, decidi\u00f3 revocar el beneficio oportunamente concedido, ante su manifiesta voluntad contraria a someterse al proceso, y declarar su rebeld\u00eda y consecuente captura (fs. 161\/163vta.).
\nAs\u00ed planteada la cuesti\u00f3n, adelantamos que no habremos de aceptar las cr\u00edticas de la defensa contra ese pronunciamiento. Si bien no es pac\u00edfica la doctrina y la jurisprudencia sobre el punto (v\u00e9anse, CNCP, Sala IV, \u201cRoberto, H\u00e9ctor Alejandro, 9\/9\/2009, CFCP, Sala I, \u201cE., J., C.\u201d, rta. 18\/12\/2013, CNCCC, Sala I, causa n\u00b0 36.689\/15 \u201cGuti\u00e9rrez Tapia\u201d, rta. 10\/5\/2018), adherimos a la postura de que \u201c\u2026 el tribunal de juicio [en este caso, el juzgado de instrucci\u00f3n] se encuentra autorizado a reexaminar el cumplimiento \u2013admitido por el juez de ejecuci\u00f3n \u2013de aquellas (las condiciones bajo las cuales se otorg\u00f3 el beneficio)\u2026 En ese contexto, se ha afirmado que el \u00f3rgano que concedi\u00f3 el beneficio y que debe sobreseer\u2026 [no] se encuentra determinado u obligado a convalidar lo actuado por el tribunal de ejecuci\u00f3n cuando \u00e9ste ha procedido\u2026 con frontal discordancia con lo acreditado en las actuaciones y con las expl\u00edcitas normas que rigen la materia y que le impon\u00edan frente al manifiesto incumplimiento\u2026 la revocaci\u00f3n del r\u00e9gimen acordado [por mayor\u00eda, CNCP, Sala III, 1\/4\/09, causa 9832, \u201cLedesma, F. O.\u201d (Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Ra\u00fal, \u201cC\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n. An\u00e1lisis doctrinal y jurisprudencial\u201d, Ed. Hammurabi, 4\u00b0 ed., 2010, p\u00e1g. 493).
\nLa revocaci\u00f3n del beneficio por la que opt\u00f3 la jueza a quo se entrev\u00e9 como una de las posibilidades de prosecuci\u00f3n del proceso a que aludi\u00f3 el propio juez de ejecuci\u00f3n penal, quien dijo que dicha magistrada era la que deb\u00eda expedirse por la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n o bien por la reanudaci\u00f3n de la causa.
\nEn esta misma l\u00ednea, la Sala III de la C\u00e1mara Nacional de Casaci\u00f3n Penal, por voto del juez Alberto Huarte Petite, se\u00f1al\u00f3 que \u201c\u2026 el art\u00edculo 515 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n establece que se le atribuye al juez de ejecuci\u00f3n el control de las condiciones impuestas por el tribunal oral, al momento de la concesi\u00f3n de la suspensi\u00f3n del juicio a prueba. Por consiguiente, que se atribuya al juez de ejecuci\u00f3n, prosigue, el control del cumplimiento de las condiciones impuestas no equivale a decir que el juez de ejecuci\u00f3n es quien tiene la decisi\u00f3n acerca de la extinci\u00f3n, o no, de la acci\u00f3n penal en funci\u00f3n del cumplimiento o no, de las condiciones impuestas al momento de concederse la suspensi\u00f3n\u201d.
\nY a\u00f1ade que \u201cEn consecuencia, manifiesta, frente a este cuadro de situaci\u00f3n, pretender que en raz\u00f3n de que el juez de ejecuci\u00f3n decidi\u00f3 tener por extinguido el plazo que se hab\u00eda fijado por parte del tribunal oral, esto resulta equivalente a decidir que se cumplieron con las condiciones, que ciertamente no se cumplieron, es err\u00f3neo, y entonces el tribunal oral, a la hora de extinguir la acci\u00f3n penal, en cumplimiento de la competencia que le resulta propia, verific\u00f3 de modo patente que no se cumpli\u00f3 con ninguna de las condiciones que le fueron impuestas, por lo que no est\u00e1 invadiendo la jurisdicci\u00f3n del juez de ejecuci\u00f3n, pues la \u00fanica que posee aquel es la de supervisar el cumplimiento de las condiciones, y no decidir acerca de si se debe o no extinguir la acci\u00f3n penal; y decidir que transcurri\u00f3 el plazo que se hab\u00eda fijado a la hora de suspender el juicio a prueba, no resulta equivalente a afirmar que se cumplieron con las condiciones que se hab\u00edan impuesto\u201d (CNCCC, Sala III, causa n\u00b0 13.887\/14 \u201cBalderramo\u201d, rta. 31\/10\/2017).
\nEn similar sentido, el juez Juan Esteban Cicciaro afirm\u00f3 que \u201c\u2026 desde una visi\u00f3n normativa, adem\u00e1s de no cometer delitos y reparar el da\u00f1o, el beneficiado debe cumplir con las reglas de conducta establecidas, obligaci\u00f3n que como surge del propio texto de la ley, debe tener lugar durante el tiempo fijado por el tribunal\u2026 \u201c(CCC, Sala VII, causa n\u00b0 37.285\/17 \u201cJ., A.\u201d, rta. 3\/5\/2019).
\nPor lo dem\u00e1s, la cuesti\u00f3n resulta semejante a otras en que tuvimos oportunidad de expresar que \u201c\u2026 la normativa legal no establece la expiraci\u00f3n de la facultad del juez para controlar la observancia de las reglas de conductas impuestas al suspender el juicio a prueba con el vencimiento del t\u00e9rmino fijado al imputado. El art\u00edculo 76 ter del C\u00f3digo Penal se refiere al tiempo mismo de la suspensi\u00f3n y no al plazo para dictar la decisi\u00f3n que debe juzgar lo que en su transcurso haya ocurrido\u201d (in re, causa n\u00b0 164.020, \u201cG.\u201d, rta.: 29\/5\/2019, entre otras).
\nDe ese modo, verificado el objetivo incumplimiento de las obligaciones asumidas y el est\u00e9ril transcurso del tiempo fijado para la prueba, sin resultados satisfactorios, resulta ajustada a derecho y a las constancias de la causa la revocaci\u00f3n del beneficio decidida por la jueza de grado.
\nFinalmente, el resultado de las citaciones cursadas al imputado evidencia que su declaraci\u00f3n de rebeld\u00eda se ajusta tambi\u00e9n a los presupuestos de los art\u00edculos 288 y 289 del ordenamiento adjetivo (\u2026)\u201d.
\n <\/p>\n