\u201cSi bien a partir de lo establecido en la Convenci\u00f3n \u201cBelem do Par\u00e1\u201d y la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n en el caso \u201cG\u00f3ngora\u201d se podr\u00eda leer que la necesidad de realizar un debate oral y p\u00fablico en los casos en que se presente una situaci\u00f3n de violencia contra la mujer, constituye una pol\u00edtica p\u00fablica, lo cierto es que el Estado no puede dejar de actuar en un contexto de razonabilidad y evaluar las circunstancias que se presentan en cada caso en concreto. Ello, atendiendo a que la racionalidad de los actos de gobierno es uno de los principios fundantes de la forma republicana consagrada en el art. 1\u00ba de la Constituci\u00f3n Nacional (voto del juez Morin al que adhiri\u00f3 el juez Sarrabayrouse).<\/p>\n
\u201cFernandes, Pablo Gabriel s\/recurso de casaci\u00f3n\u201d, CCC 7240\/2018\/TO1\/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 804\/2019, resuelta el 12 de octubre de 2016; \u201cBitar, Oscar Sergio s\/ rechazo de suspensi\u00f3n del juicio a prueba\u201d, CCC 47516\/2014\/PL1\/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 279\/2017, resuelta el 18 de abril de 2017, entre otros.<\/p>\n
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Corresponde casar la decisi\u00f3n que rechaz\u00f3 el pedido de suspensi\u00f3n de juicio a prueba en las actuaciones en que se reprochan hechos que se describen como un supuesto de violencia contra las mujeres, pese al dictamen fiscal favorable, toda vez que las circunstancias verificadas en la audiencia practicada por la c\u00e1mara, de alg\u00fan modo semejantes a las que surgen del acta de audiencia del art. 293 CPPN, resultan \u00fatiles para clarificar las particularidades del caso. Es que el auxiliar fiscal dej\u00f3 constancia de prestar consentimiento tras hablar previamente con la damnificada quien se\u00f1al\u00f3 que el conflicto hab\u00eda sido superado, que no convive con el imputado y que mantiene un r\u00e9gimen de visitas con la hija que poseen en com\u00fan. En ese marco, la ponderaci\u00f3n de la participaci\u00f3n de la v\u00edctima en las distintas fases del proceso, la aceptaci\u00f3n del ofrecimiento de reparaci\u00f3n econ\u00f3mica formulado por el imputado, sumado al consentimiento fiscal, y a la falta de antecedentes y la posibilidad de aplicar una pena de ejecuci\u00f3n condicional evidencian que el tribunal a quo resolvi\u00f3 el caso de manera autom\u00e1tica, sin valorar sus particularidades e interpret\u00f3 err\u00f3neamente el art. 76 bis, C.P. (voto del juez Morin al que adhiri\u00f3 el juez Sarrabayrouse).<\/p>\n
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