El fallo de la Sala V de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal \u201cV., P. s\/procesamiento\u201d (Causa N\u00b0 1.264\/2017) resuelta el 16\/7\/19 donde Hern\u00e1n L\u00f3pez y Ricardo Pinto revocaron el procesamiento por impedimento o estorbo de la libre circulaci\u00f3n de un peri\u00f3dico (Art. 161 CP) y dispusieron el sobreseimiento respecto de quien convocara por las redes sociales a un abrazo simb\u00f3lico de la planta impresora de un peri\u00f3dico, en el marco de un conflicto laboral con despido de trabajadores.<\/p>\n
Los vocales explicaron que \u00ab(…)\u00a0<\/em>se presenta en el caso una tensi\u00f3n constitucional entre el derecho de protesta o libre expresi\u00f3n de los manifestantes (art\u00edculos 75, inciso 22 de\u00a0la CN, 13 de\u00a0la Convenci\u00f3n Americana\u00a0de Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos), por un lado, y el derecho a la expresi\u00f3n a trav\u00e9s de la libertad de prensa y al derecho de propiedad que se habr\u00eda visto afectado por el perjuicio econ\u00f3mico derivados de la imposibilidad o demora en la distribuci\u00f3n del peri\u00f3dico (art\u00edculos 75, inciso 22\u00b0 de\u00a0la C.N, 13 de\u00a0la Convenci\u00f3n Americana\u00a0de Derechos Humanos, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y art\u00edculo 17 de\u00a0la Constitucional Nacional).\u00a0Para definir la cuesti\u00f3n, adquiere relevancia la doctrina que indica que el derecho de protesta no ampara los actos de violencia f\u00edsica o de intimidaci\u00f3n (…)\u00bb. <\/em>Resaltaron que los elementos reunidos permitieron determinar que la convocatoria pretendi\u00f3 reflejar el descontento por la importante cantidad de empleados despedidos y reclamar por la reapertura de la f\u00e1brica. Que las acciones llevadas a cabo se dieron de manera\u00a0pac\u00edfica sin que existieran disturbios ni ning\u00fan acto de violencia f\u00edsica contra las personas o cosas por lo que\u00a0\u201c\u2026<\/em>Frente a ese escenario, la actividad atribuida debe considerarse justificada por el referido derecho de protesta, que opera como una causal que desplazada la antijuridicidad, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 34, inciso 4\u00b0, del C\u00f3digo Penal. Es decir, que la conducta imputada a V., resulta amparada por el derecho constitucional se\u00f1alado y, por lo tanto, no constituye delito penal alguno, en tanto se ha visto abarcado por el precepto permisivo de menci\u00f3n\u2026.\u201d; <\/em>y que\u00a0\u201c\u2026As\u00ed, no puede considerarse que en el ejercicio del mismo derecho- la libre expresi\u00f3n- regulado de forma distinta \u2013libertad de prensa y de protesta- prevalezca el primero cuando no ha existido ning\u00fan acto de violencia en el ejercicio del segundo\u2026.\u201d<\/em>. Por \u00faltimo, sin perjuicio de lo se\u00f1alado, destacaron que resultaba relevante tener en cuenta que, a pesar de que la convocatoria fue llevada a cabo por el imputado en las redes sociales, no pudo determinarse su presencia en el lugar y por ello que haya tenido el dominio del curso causal que involucr\u00f3 a m\u00e1s de mil personas.<\/p>\n