Que el Gobierno Nacional ha priorizado, desde el inicio de su gesti\u00f3n, la atenci\u00f3n de las necesidades de la
\nsociedad en materia de seguridad p\u00fablica y justicia y, con tal enfoque, ha cumplido en impulsar medidas
\nconcretas tendientes a optimizar la satisfacci\u00f3n de tales requerimientos, en el entendimiento de que el
\nEstado debe contar con herramientas consistentes, pr\u00e1cticas y eficaces de pol\u00edtica criminal, para luchar de
\nmanera integral contra el flagelo del crimen organizado.<\/p>\n
Que, desde esa perspectiva, fue declarada la emergencia de seguridad p\u00fablica en la totalidad del territorio
\nnacional, mediante los Decretos Nros. 228 del 21 de enero de 2016 y 50 del 19 de enero de 2017, sus
\nmodificatorios y complementarios, con el objeto de revertir la situaci\u00f3n de peligro colectivo creada por el
\ndelito complejo y el crimen organizado, que afecta a la REP\u00daBLICA ARGENTINA.<\/p>\n