CONSIDERANDO:
\nQue la corrupci\u00f3n y los delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica, el narcotr\u00e1fico, la trata de personas, el terrorismo y dem\u00e1s delitos graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones democr\u00e1ticas y republicanas, causando
\nenormes p\u00e9rdidas para el Estado, en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos.<\/p>\n
Que la REP\u00daBLICA ARGENTINA, mediante la Ley N\u00b0 25.632, aprob\u00f3 la CONVENCI\u00d3N INTERNACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, donde los Estados Parte acuerdan mecanismos de cooperaci\u00f3n y herramientas para el recupero de los bienes y otros beneficios derivados del producto del delito.<\/p>\n
Que la CONVENCI\u00d3N INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO aprobada por la Ley N\u00b0 26.023, establece que cada Estado Parte adoptar\u00e1 las medidas necesarias para identificar, congelar, embargar y, en su caso, proceder al decomiso de los fondos u otros bienes que constituyan el producto de la comisi\u00f3n o tengan como prop\u00f3sito financiar o hayan facilitado o financiado la comisi\u00f3n de cualquiera de los delitos vinculados al terrorismo.<\/p>\n
Que la REP\u00daBLICA ARGENTINA, mediante la Ley N\u00b0 26.097, aprob\u00f3 la CONVENCI\u00d3N DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCI\u00d3N, instrumento en el que los Estados Parte manifiestan su preocupaci\u00f3n por los
\nproblemas y amenazas que plantea la corrupci\u00f3n para la estabilidad y seguridad de las sociedades, socavando los valores de la democracia.<\/p>\n
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