El titular de la Fiscal\u00eda General n\u00ba 4 ante la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal, Javier De Luca, solicit\u00f3 que se declare la nulidad del juicio abreviado donde result\u00f3 condenado un hombre por infracciones a la ley de estupefacientes (Ley 23.737) y, en consecuencia, requiri\u00f3 que se celebre el correspondiente debate oral y p\u00fablico.<\/p>\n
El Tribunal Oral Federal de Mendoza n\u00ba 2, con conformaci\u00f3n unipersonal, homolog\u00f3 el acuerdo de juicio abreviado, conden\u00f3 a N.M.B. a la pena de cuatro a\u00f1os y dos meses de prisi\u00f3n y a una multa de 500$ -seg\u00fan la anterior redacci\u00f3n de la Ley 27.737-, sustancialmente menor a la acordada en un primer momento por las partes.<\/p>\n
En relaci\u00f3n a este cuesti\u00f3n, la Fiscal\u00eda General ante el Tribunal Oral Federal de Mendoza n\u00ba 2 hab\u00eda acordado con la defensa la pena de prisi\u00f3n y multa, pero posteriormente dicho acuerdo se vio unilateralmente modificado \u2013es decir, sin darse intervenci\u00f3n al\u00a0MPF- tras una presentaci\u00f3n del abogado defensor ante el tribunal interviniente. En dicha presentaci\u00f3n, el letrado requiri\u00f3 que el monto de la multa\u00a0fuera determinado de acuerdo a la anterior redacci\u00f3n de la Ley 23.737, a lo cual accedi\u00f3 el tribunal en la sentencia.<\/p>\n
La fiscal general interpuso un recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia por considerar que la multa impuesta deb\u00eda responder a lo establecido en la modificaci\u00f3n prevista por la Ley 27.302 actualmente vigente, tal como hab\u00eda sido acordado por las partes.<\/p>\n
Un fallo arbitrario<\/strong><\/p>\n La Fiscal\u00eda General n\u00b0 4 ante la CFCP solicit\u00f3 que se haga lugar al recurso.\u00a0En sus fundamentos, el representante del MPF manifest\u00f3 que ante las pretensiones relativas a morigerar el m\u00ednimo legal sobre la base de la inconstitucionalidad del monto estipulado por la Ley 27.302, el tribunal debi\u00f3 rechazar el abreviado en lugar de dictar sentencia, sencillamente porque no era lo acordado. Por ello, requiri\u00f3 que se celebre el debate y all\u00ed discutir todas las cuestiones jur\u00eddicas planteadas.<\/p>\n Este tipo de acuerdos, se\u00f1al\u00f3 el fiscal general, no son declaraciones de voluntades sacramentales, irrevocables antes de la sentencia, por lo menos para el imputado. Puede suceder que luego de haber suscripto el abreviado el imputado cambie opini\u00f3n por haber sido mejor informado o haber vislumbrado aspectos o consecuencias que no hab\u00eda tenido en cuenta. Se trata de hechos o circunstancias totalmente naturales y comprensibles. Y agreg\u00f3 que la \u00fanica consecuencia de ese cambio de opini\u00f3n es la que prev\u00e9 la ley, esto es, revocar el acuerdo y celebrar el debate oral y p\u00fablico. Pero, de ning\u00fan modo, esa revocaci\u00f3n unilateral habilita a que los jueces dicten sentencia prescindiendo de esa circunstancia.<\/p>\n Finalmente, De Luca refiri\u00f3 que la fiscal general no\u00a0hab\u00eda sido notificada para que se expidiera sobre el nuevo planteo de la defensa, que es de orden p\u00fablico, lo cual permite verificar que se obr\u00f3 de modo irregular, desleal y en clara violaci\u00f3n al principio adversarial.\u00a0 En esa l\u00ednea, consider\u00f3 que la decisi\u00f3n del juez es arbitraria en tanto que los fundamentos dados no exhiben an\u00e1lisis en materia de control de constitucionalidad.<\/p>\n