La ley 27.147 introdujo una nueva causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, a trav\u00e9s del inciso 6\u00ba del art. 59 del C\u00f3digo Penal en cuanto establece que tal extinci\u00f3n podr\u00e1 tener lugar \u201cpor conciliaci\u00f3n o reparaci\u00f3n integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en\u00a0 las leyes procesales correspondiente\u201d. La f\u00f3rmula escogida por el legislador no resultaba caprichosa ni errada, sino que tiene su raz\u00f3n de ser, en la diferenciaci\u00f3n que debe efectuarse entre aquello que hace al proceso penal en s\u00ed (y que por encontrarse comprometidas all\u00ed garant\u00edas constitucionales constituye una materia delegada por las provincias al Congreso Nacional) y las cuestiones meramente relativas al rito penal (que permanecen en el \u00e1mbito provincial). Dado que el nuevo C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n (ley 27.063) no se encuentra vigente, la aplicaci\u00f3n de las normas penales vinculadas a la ley de forma se tornan, consiguientemente, de imposible aplicaci\u00f3n (voto del juez D\u00edas).<\/p>\n
Cita de \u201cAlmada, Emanuel y Rovera Pirozzi, Alan Agust\u00edn s\/ reparaci\u00f3n integral del perjuicio\u201d, CNCCC 30665\/2016\/TO1\/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 1204\/2017, resuelta el 22 de noviembre de 2017<\/p>\n
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La conciliaci\u00f3n, como modo de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal (art. 59, inc. 6\u00ba, C.P.), se encuentra vigente y debe ser aplicada. Al respecto lo que define cu\u00e1l es la interpretaci\u00f3n adecuada es que la reforma de la citada disposici\u00f3n, ha sido consecuencia de una competencia del legislador nacional en la materia; la practic\u00f3 atento el car\u00e1cter sustantivo del ejercicio y la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. El fundamento de esta facultad se encuentra en la necesidad de establecer real y efectivamente la unidad penal en el territorio nacional e instrumentar los medios necesarios para que aquel objetivo no se torne ilusorio como consecuencia del r\u00e9gimen federal de nuestro pa\u00eds, que permite la convivencia de tantos ordenamientos procesales como provincias componen el Estado argentino, fundamento que tambi\u00e9n se encuentra en la base del art. 58 del C\u00f3digo Penal. Con esta interpretaci\u00f3n, se garantiza la vigencia del principio de igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley penal. De lo contrario, los criterios de oportunidad (dentro de los que se incluyen la conciliaci\u00f3n y la reparaci\u00f3n integral) se aplicar\u00edan con mayor o menor extensi\u00f3n en casi todo el territorio nacional, fruto de legislaciones provinciales anteriores a la decisi\u00f3n del legislador nacional de ejercer su competencia pero no para algunos delitos cometidos en el \u00e1mbito de la Ciudad de Buenos Aires (voto del juez Sarrabayrouse al que adhiri\u00f3 el juez Morin).<\/p>\n
Cita de \u201cVerde Alva\u201d, CNCCC 25872\/2015\/TO1\/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 399\/2017, resuelta el 22 de mayo de 2017; \u201cAlmada\u201d, CNCCC 30665\/2016\/TO1\/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 1204\/2017, resuelta el 22 de noviembre de 2017 y \u201cSeballos\u201d; CNCCC 64476\/2001\/TO1\/4\/CNC1 – CFC3, Sala 2, Reg. nro. 717\/2016, resuelta el 16 de septiembre de 2016<\/p>\n
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En cuanto al car\u00e1cter que reviste la participaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal en los acuerdos conciliatorios, es necesaria tanto su participaci\u00f3n como su conformidad. Es que, adem\u00e1s de las obligaciones impuestas por la ley, tiene a su cargo el ejercicio de la acci\u00f3n penal y las recientes reformas (ley 27.063, 27.148 y 27.2729, aunque la primera no est\u00e9 en vigencia) le han dado mayores facultades, sin perjuicio de que, en los supuestos donde el fiscal manifieste su oposici\u00f3n, debe analizarse los fundamentos que esgrime, puesto que la mera oposici\u00f3n de la fiscal\u00eda es insuficiente para rechazar un acuerdo de conciliaci\u00f3n\u00a0 (voto del juez Sarrabayrouse al que adhiri\u00f3 el juez Morin).<\/p>\n
Cita de \u201cVerde Alva\u201d, CNCCC 25872\/2015\/TO1\/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 399\/2017, resuelta el 22 de mayo de 2017; \u201cOlivera\u201d, CNCCC 72809\/2016\/CNC1, Sala de Turno, Reg. 1631\/2016, resuelta el 28 de diciembre de 2016; \u201cG\u00f3mez Vera\u201d, CNCCC 26065\/2014\/TO1\/CNC1, Sala 2, Reg. 12\/2015, resuelta el 10 de abril de 2015<\/p>\n
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Corresponde hacer lugar al recurso de casaci\u00f3n deducido por el representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal y revocar el sobreseimiento dispuesto en las actuaciones, puesto que si bien el delito imputado no se encuentra abarcado en el art. 34 CPPN, seg\u00fan ley 27.063, -lesiones leves dolosas, dependiente de instancia privada, arts. .72, inc. 2\u00ba y 89, C.P.-, se observa la falta de an\u00e1lisis por parte del tribunal de m\u00e9rito del argumento central consistente en establecer si a los fines de aplicar el instituto de la conciliaci\u00f3n, resulta suficiente el consentimiento de la presunta v\u00edctima, frente a la oposici\u00f3n fiscal, y de ese modo, considerar extinguida la acci\u00f3n penal. Tal circunstancia importa una err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de las reglas aplicables al caso\u00a0 (arts. 59, inc. 6; 72, inc. 2\u00ba, 89, del C\u00f3digo Penal; 34, C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n, ley 27.063)\u00a0 (voto del juez Sarrabayrouse al que adhiri\u00f3 el juez Morin).<\/p>\n
Cita de \u201cOlivera\u201d, CNCCC 72809\/2016\/CNC1, Sala de Turno, Reg. 1631\/2016, resuelta el 28 de diciembre de 2016.<\/p>\n
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