A ra\u00edz de una presentaci\u00f3n conjunta realizada por el\u00a0Ministerio P\u00fablico de la Defensa de la Ciudad, la Defensor\u00eda General de la Naci\u00f3n (Programa Riachuelo) y la Defensor\u00eda P\u00fablica Oficial ante los Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional de Mor\u00f3n, el juez Jorge Rodr\u00edguez solicit\u00f3 al Estado Nacional que aborde la problem\u00e1tica de los vecinos de la Cuenca Matanza Riachuelo, que fueron relocalizados en complejos habitacionales y que no pueden hacer frente al costo de los servicios p\u00fablicos de sus viviendas.<\/p>\n
Atendiendo esta problem\u00e1tica, el magistrado requiri\u00f3 al Estado que presente, en 45 d\u00edas, alternativas que permitan a estas familias la cancelaci\u00f3n de las facturas de servicios p\u00fablicos que deben, sin que se altere a\u00fan m\u00e1s su ecuaci\u00f3n econ\u00f3mica familiar. Asimismo, dispuso que\u00a0la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)\u00a0deber\u00e1 brindar informaci\u00f3n sobre las personas relocalizadas, los barrios y las pr\u00f3ximas mudanzas previstas. Por \u00faltimo, requiri\u00f3 a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires que, en el mismo plazo, \u201cpresenten una propuesta de acompa\u00f1amiento tendiente a mantener y evitar el deterioro de las viviendas\u201d.<\/p>\n
Por su parte, el MPD intervino para lograr esta resoluci\u00f3n tras observar, en los \u00faltimos a\u00f1os, que las familias a las que patrocina en la causa Mendoza encuentran enormes dificultades para poder conservar sus nuevas viviendas. En este sentido, ha sido notorio el impacto negativo que tienen los costos de mantenimiento en las econom\u00edas familiares.<\/strong>\u00a0En particular, los elevados gastos consorciales redundan en el deterioro a corto plazo de las nuevas unidades, mientras que el alto precio de los servicios p\u00fablicos ha generado que muchos vecinos no logren abonar las facturas, generando deudas imposibles de cancelar y un inminente peligro de que se les corte el suministro.<\/p>\n A los diversos reclamos realizados ante la administraci\u00f3n, tanto local como nacional, s\u00f3lo se hab\u00eda obtenido como respuesta que cada familia pod\u00eda tramitar individualmente la tarifa social. \u201cQued\u00f3 demostrado que este mecanismo es insuficiente e ineficiente, dado que los requisitos establecidos por el programa se vuelven, en muchas situaciones, obst\u00e1culos insalvables\u201d, se\u00f1al\u00f3 el Defensor Adjunto Penal porte\u00f1o, Luis Duacastella. Y agreg\u00f3: \u201cAdem\u00e1s, la gesti\u00f3n individual sin el acompa\u00f1amiento adecuado, supone que los beneficios de la tarifa social no alcancen a la mayor parte de la poblaci\u00f3n relocalizada\u201d.<\/p>\n Ante esta situaci\u00f3n, los organismos de la defensa hab\u00edan logrado que el juzgado federal \u00a0curse en abril un requerimiento al Estado Nacional para que con intervenci\u00f3n de los entes reguladores (ENRE, ENERGAS y ERAS), el ministerio de Energ\u00eda y Miner\u00eda de la Naci\u00f3n y la subsecretar\u00eda\u00a0 de Recursos H\u00eddricos, se presenten alternativas que permitan resolver, a partir de un abordaje conjunto, la situaci\u00f3n de los vecinos. Asimismo, el juez hab\u00eda requerido a la Provincia y a la Ciudad, que ofrezcan una propuesta de acompa\u00f1amiento tendiente a evitar el deterioro de las viviendas.<\/p>\n Sin embargo, tal como destacaron Duacastella y los defensores p\u00fablicos oficiales, Alejandro Fillia y Mariano Guti\u00e9rrez en su presentaci\u00f3n ante el Juzgado, los organismos, entes y empresas no aportaron actividades \u201cen pos de colaborar en la gesti\u00f3n y obtenci\u00f3n de los subsidios al consumo de los distintos servicios\u201d, como tampoco brindaron alternativas que permitan afrontar la cancelaci\u00f3n de las facturas, ni realizaron un abordaje conjunto de la situaci\u00f3n.<\/p>\n En tanto, desde la Provincia y la Ciudad tampoco presentaron nada para garantizar la sustentabilidad de las nuevas viviendas. \u201cDe este modo resulta imposible no s\u00f3lo evitar el deterioro de las viviendas entregadas sino tambi\u00e9n garantizar la mejora en la calidad de vida de las personas afectadas en la causa\u201d, expresaron los defensores.<\/p>\n As\u00ed lo entendi\u00f3 el magistrado Jorge Rodr\u00edguez, quien plante\u00f3 que la misma Corte Suprema estableci\u00f3 que se debe preservar el derecho de estas personas a acceder, en sus nuevos inmuebles, a los servicios p\u00fablicos esenciales y mejorar, en general,la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. \u201cToda vez que la pobreza y la situaci\u00f3n de riesgo de las personas involucradas se encuentra acreditada, ponderando asimismo el alto porcentaje de ni\u00f1os que componen tales grupos humanos, por cuyo inter\u00e9s superior debo velar, es que solicitar\u00e9 al Estado Nacional el abordaje de la problem\u00e1tica\u201d, afirm\u00f3 Rodr\u00edguez.<\/p>\n