El pasado 26 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos le di\u00f3 al presidente Donald Trump una de sus mayores victorias judiciales: valid\u00f3 el decreto que veta el ingreso de ciudadanos de cinco pa\u00edses mayoritariamente musulmanes (Ir\u00e1n, Libia, Somalia, Siria y Yemen), como tambi\u00e9n de Corea del Norte y de algunos funcionarios de Venezuela. As\u00ed lo hizo en los autos \u201cTrump v. Hawaii\u201d.<\/p>\n
En septiembre de 2017, Trump emiti\u00f3 un decreto que tuvo por objeto mejorar los procedimientos de veto de los ciudadanos extranjeros que viajen a ese pa\u00eds mediante la identificaci\u00f3n de deficiencias continuas en la informaci\u00f3n necesaria para evaluar si los nacionales de determinados pa\u00edses presentan una amenaza a la seguridad.\u00a0En esa l\u00ednea, la norma estableci\u00f3 restricciones de entrada a los nacionales de ocho pa\u00edses cuyos sistemas para la gesti\u00f3n y el intercambio de informaci\u00f3n el gobierno estadounidense consider\u00f3 inadecuados.<\/p>\n
Los demandantes, el estado de Hawaii, tres personas con parientes extranjeros afectados por la suspensi\u00f3n de entrada y la Asociaci\u00f3n Musulmana de Hawaii, denunciaron que el decreto viola la Ley de Inmigraci\u00f3n y Nacionalidad (INA, por sus siglas en ingl\u00e9s) y la Cl\u00e1usula de Establecimiento de la Primera Enmienda.<\/p>\n
En una votaci\u00f3n de 5 a 4, los conservadores del tribunal estadounidense afirmaron que el poder del Presidente para asegurar las fronteras del pa\u00eds, delegado por el Congreso durante d\u00e9cadas de legislaciones de inmigraci\u00f3n, no fue socavado por la historia de pol\u00e9micas declaraciones de Trump sobre los musulmanes. M\u00e1s a\u00fan, remarcaron que el Presidente tiene una amplia autoridad para emitir juicios de seguridad nacional en el \u00e1mbito de la inmigraci\u00f3n.<\/p>\n
Por su parte, los demandantes alegaron en su demanda que el prop\u00f3sito principal del decreto conten\u00eda un \u00e1nimus religioso y que las preocupaciones expresadas por Trump sobre los protocolos de veto y la seguridad nacional no fueron m\u00e1s que pretextos para discriminar a los musulmanes.<\/p>\n
Al respecto, la Corte Suprema subray\u00f3: \u201cEn el coraz\u00f3n de su caso hay una serie de declaraciones del Presidente y sus asesores durante la campa\u00f1a y desde que el Presidente asumi\u00f3 el cargo. El problema, sin embargo, no es denunciar las declaraciones del Presidente, sino la importancia de esas declaraciones al revisar una directiva presidencial, a primera vista neutral, abordando un asunto dentro del n\u00facleo de la responsabilidad ejecutiva. Al hacerlo, el tribunal debe considerar no solo el declaraciones de un Presidente en particular, sino tambi\u00e9n la autoridad\u00a0presidencial en s\u00ed misma\u201d.<\/p>\n
Ello as\u00ed, la mayor\u00eda concluy\u00f3: \u201cEl Gobierno expuso una justificaci\u00f3n de seguridad nacional suficiente para sobrevivir a una revisi\u00f3n de su base racional. No expresamos ninguna opini\u00f3n sobre la solidez de la pol\u00edtica. Simplemente sostenemos hoy que los demandantes no han demostrado una probabilidad de \u00e9xito en el los m\u00e9ritos de su reclamo constitucional\u201d.<\/p>\n
En tanto, la minor\u00eda denunci\u00f3 la decisi\u00f3n. En su disidencia, la jueza Sonia Sotomayor lleg\u00f3 a se\u00f1alar que la resoluci\u00f3n no era mejor que Korematsu v. Estados Unidos, la decisi\u00f3n de 1944 que respald\u00f3 la detenci\u00f3n de japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.<\/p>\n
\u201cAl sostener que la Primera Enmienda da paso a una pol\u00edtica ejecutiva que un observador razonable ver\u00eda como motivada por \u00e1nimus contra los musulmanes, la opini\u00f3n mayoritaria repite errores tr\u00e1gicos del pasado, y niega a innumerables personas el derecho fundamental de la libertad religiosa\u201d, advirti\u00f3 la jueza.<\/p>\n