\u201cLas decisiones de la administraci\u00f3n penitenciaria se encuentran sometidas a un control judicial permanente sobre su razonabilidad, y toda decisi\u00f3n que se adopte respecto del condenado (o procesado, conforme el art. 11 de la ley 24.660) debe respetar los principios fundamentales consagrados en nuestra Constituci\u00f3n Nacional y los tratados internacionales incorporados a \u00e9sta en el art. 75, inciso 22.<\/p>\n
El contralor jurisdiccional pleno de la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad surge no s\u00f3lo de la ley N\u00ba 24.660 (art\u00edculos 3, 4 y 91), sino que ha merecido tratamiento por parte de la Corte Suprema en \u201cRomero Cacharane\u201d (Fallos: 327:388), en el que se sostuvo la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y los tratados internacionales, reconociendo a los condenados el derecho a recurrir cualquier acto lesivo de tales garant\u00edas, para que adquieran la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserci\u00f3n social. En consecuencia, si la sanci\u00f3n recurrida fue adoptada por una jefa de m\u00f3dulo de la unidad carcelaria y no por su directora a quien se encuentran reservadas tales funciones jurisdiccionales, se verifica una grave violaci\u00f3n a la garant\u00eda constitucional del debido proceso (voto del juez Morin al que adhiri\u00f3 el juez D\u00edas).<\/p>\n
Cita \u201cRodr\u00edguez, Cynthia Samantha\u201d, CNCCC 39659\/2013\/TO1\/7\/CNC1, Sala 3, Reg. 6\/2015, resuelta el 7 de abril de 2015; \u201cCortez, Erika Daiana s\/recurso de casaci\u00f3n\u201d, CNCCC 68613\/2014\/TO1\/8\/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 326\/2015, resuelta el 12 de agosto de 2015; \u201cMart\u00ednez, Paulo Fernando s\/ sanci\u00f3n en unidad carcelaria\u201d, CNCCC 19300\/2012\/TO1\/2\/CNC1, Sala 2, Reg. 981\/2016, resuelta el 7 de diciembre de 2016; \u201cBravo, N\u00e9stor Domingo s\/ sanci\u00f3n en unidad carcelaria\u201d, CNCCC 73205\/2014\/TO1\/5\/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 982\/2016, resuelta el 7 de diciembre de 2016.<\/p>\n
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Es nula la sanci\u00f3n disciplinaria impuesta a un detenido por el Director de una Unidad Residencial perteneciente al Complejo Penitenciario Federal, puesto que cuando no es el Director del Complejo Penitenciario, sino el de una Unidad Residencial que lo integra quien dispone una sanci\u00f3n, se incurre en una afectaci\u00f3n de la garant\u00eda del debido proceso. Ello es as\u00ed, de conformidad con los t\u00e9rminos del art. 81 de la ley 24.660 -\u201cel poder disciplinario s\u00f3lo puede ser ejercido por el director del establecimiento, quien tendr\u00e1 competencia para imponer sanciones, suspender o dar por cumplida su aplicaci\u00f3n o sustituirlas por otras m\u00e1s leves, de acuerdo a las circunstancias del caso\u201d, y en sentido coincidente, el art. 5 del decreto n\u00ba 18\/97 del que se desprende que el poder disciplinario s\u00f3lo podr\u00e1 ser ejercido por el director del establecimiento o el funcionario que legalmente lo reemplace, circunstancia que no se verific\u00f3 en el caso (voto el juez Morin al que adhiri\u00f3 el juez D\u00edas).<\/p>\n
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