El fallo de la Sala V de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos \u201cC., L. N. y otro s\/ sobreseimiento e internaci\u00f3n\u201d (causa n\u00b0 15.325\/2018) rta. 17\/4\/18, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la fiscal -luego desistido por el Fiscal General- y por el defensor oficial, \u00e9ste \u00faltimo contra el punto IV del auto del juez de la instancia de origen en cuanto dispuso como medida de seguridad la internaci\u00f3n del imputado bajo los preceptos de PRISMA, la extracci\u00f3n de testimonios y su remisi\u00f3n a la Justicia Civil para que desinsacule el juzgado que deb\u00eda intervenir en el control, seguimiento y supervisi\u00f3n en virtud de lo establecido en la Ley 26.657 de Salud Mental. Los vocales, por mayor\u00eda, confirmaron parcialmente el punto IV referido a la medida de seguridad ordenada y lo revocaron parcialmente en cuanto dispuso la internaci\u00f3n en el dispositivo PRISMA, ordenando que en el plazo de 24 horas el equipo de salud que ven\u00eda tratando al encausado informe a qu\u00e9 servicio de salud extramuros deb\u00eda ser derivado, para que, una vez dispuesto en el nosocomio que cumpla con las necesidades terap\u00e9uticas, se realicen los estudios que prev\u00e9 el art\u00edculo 8 de la ley 26.657 de Salud Mental, con expresa notificaci\u00f3n al Juez Civil para el control.<\/p>\n
Rodolfo Pociello Argerich, a cuya propuesta adhiri\u00f3 Jorge Luis Rimondi por compartir en lo sustancial sus fundamentos, precis\u00f3 que la decisi\u00f3n que dispuso la internaci\u00f3n se encuentra ajustada a derecho, deb\u00eda ser confirmada, sobre todo a partir del informe m\u00e9dico forense que daba cuenta del riesgo inminente que para s\u00ed y para terceros importar\u00eda la externaci\u00f3n del imputado. Sin embargo, estim\u00f3 que era acertada la petici\u00f3n de la defensa en cuanto a que, de mantenerse la internaci\u00f3n, \u00e9sta se deb\u00eda llevar a cabo en un hospital extramuros que cumpliera con las necesidades requeridas para el tratamiento. Indic\u00f3 que una vez cesada la jurisdicci\u00f3n penal por haberse dispuesto el sobreseimiento del imputado (art. 336, inciso 5, CPPN), correspond\u00eda que sea el juez civil quien lleve a cabo el control peri\u00f3dico y\/o eventual mantenimiento, atenuaci\u00f3n o supresi\u00f3n de la medida.<\/p>\n
Ricardo Mat\u00edas Pinto, en disidencia parcial, vot\u00f3 por confirmar la medida de seguridad pero propuso declarar la nulidad parcial del punto IV del auto apelado, a efectos de que se d\u00e9 la debida intervenci\u00f3n al juez de ejecuci\u00f3n que corresponda para que efect\u00fae el control de la medida de seguridad, de conformidad con los art\u00edculos 511, 512 y concordantes del CPPN los cuales, resalt\u00f3 no hab\u00edan sido derogados por la nueva normativa, propiciando de ese modo, conciliar los derechos del interno, la vigencia del art\u00edculo 34 del C\u00f3digo Penal y lo previsto en la normativa procesal con los principios y derechos consagrados en la Ley de Salud mental.<\/p>\n