Fallos Penales de Interés General– Suspensión del juicio a prueba rechazada – Imputado que carece de antecedentes condenatorios

“(…) I. El pasado 4 de octubre la jueza de grado resolvió rechazar la suspensión de juicio a prueba solicitada por la defensa particular de F. de J. Navarro, decisión que fue apelada por esa parte.
En atención a lo ordenado en el legajo, la parte recurrente presentó mediante el Sistema de Gestión Lex-100 el memorial en el que reiteró sus agravios y el representante de la Fiscalía General n° 3 la correspondiente réplica; de tal modo la apelación quedó en condiciones de ser tratada.
II. Los agravios expuestos por la defensa resultan insuficientes para conmover el temperamento adoptado en la instancia de origen; razón por la cual la decisión impugnada se confirmará.
La jueza de grado entendió que la oposición de la acusadora pública superaba el control de logicidad y razonabilidad y la consideró vinculante.
Sin embargo, el hecho reprochado en estas actuaciones a F. de J. Navarro fue calificado como alteración de la numeración de un objeto registrado de acuerdo con la ley en calidad de autor (arts. 45 y 289 inc. 3 del Código Penal de la Nación), lo cual coloca su situación en la hipótesis del primer párrafo del artículo 76 bis del Código Penal.
Sobre este punto, debo aclarar previo a ingresar al análisis del caso puntual, que el consentimiento del Ministerio Público Fiscal sólo es exigido en los supuestos del cuarto párrafo del artículo 76 bis del Código Penal. Ello es así pues, la ley lo reclama en ese grupo de delitos debido a su mayor gravedad que, en general, revisten en comparación con los dos primeros enunciados
Despejada la cuestión vinculada con el alcance que corresponde otorgue a la opinión fiscal, adelanto que comparto el análisis efectuado por la acusadora pública y su superior jerárquico en punto a que no corresponde hacer lugar al beneficio solicitado por el encausado y su defensa.
En este aspecto, tanto la representante del Ministerio Público Fiscal en la audiencia del 4 de octubre de 2022 en virtud del artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación, como el auxiliar fiscal general de Cámara al realizar la réplica en alzada, consideraron que no correspondía hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba basándose en cuestiones de política criminal, entendiendo que el hecho aquí investigado no podía ser analizado sin tener presente la gravedad de las características de la causa que le sigue en jurisdicción provincial.
Allí, se analiza el desapoderamiento mediante el empleo de un arma de fuego del vehículo que tripulaba L. E. R., cuyas chapas patentes fueron adulteradas, suceso en el cual, entendió se encontraba vinculado el aquí imputado debido al resultado del allanamiento practicado en el domicilio de aquel, donde se secuestraron varios de los elementos que se encontraban en el vehículo sustraído. Aclaró que, sin perjuicio de la imposibilidad de juzgamiento común por razones de competencia, ello, no impide analizar el conjunto de las acciones penalmente relevantes y la posible unificación que podría corresponder en caso de ser sancionado en esas actuaciones, pudiendo resulta, consecuentemente, la pena de cumplimiento efectivo dada la escala penal del concurso de los delitos reprochados, conforme la valoración efectuada al dictarse la prisión preventiva del aquí imputado.
La acusadora hizo alusión a las Resoluciones PGN N° 97/09 y 13/2019, que -además y entre otras pautas de valoración- propician que al momento de evaluar si resulta procedente la aplicación del instituto, se tengan en cuenta las características del hecho y de su autor, que evidencien la necesidad de celebrar el juicio, circunstancias las cuales no puede desoírse en estos actuados.
Así las cosas, contrariamente a lo alegado por la defensa, considero que, sin perjuicio de que en las actuaciones provinciales aún no se ha dispuesto medida alguna contra el aquí imputado, no puede soslayarse, tal como se desprende de la nota actuarial que antecede y fuera fundamentado por la acusadora pública, que la causa se encuentra en pleno trámite por el desapoderamiento del vehículo tripulado por R., mediante el empleo de un arma de fuego tipo revólver calibre 32 o 22, poniendo en peligro la vida de la víctima. A su vez, cabe remarcar, que el rodado en cuestión fue secuestrado en poder del aquí imputado tan solo cinco días después de la sustracción y, que los elementos que se encontraban en el interior del automotor fueron hallados en su inmueble personal.
Por lo cual, no puede descartarse la intervención del aquí imputado en ese suceso que denota un alto grado de planificación y violencia, y que la hipotética unificación de las penas que pudiera recaer en estas actuaciones y en el marco de la remitida al Juzgado de Garantías n° 4 del Departamento Judicial de San Martin Provincia de Buenos Aires en caso de resultar condenado, podría llevar a que la eventual sanción supere los tres años, tornando improbable la aplicación del instituto en cuestión.
Entonces, teniendo en cuenta la causa en trámite que registra, aun cuando carece de antecedentes condenatorios, coincido con la acusadora pública de primera instancia y su superior y la magistrada de origen, en cuanto a que existen razones legítimas de política criminal vinculadas al caso que hacen a la necesidad de debatir las particulares circunstancias del suceso en el marco de un juicio oral y público.
En este contexto, se RESUELVE:
CONFIRMAR el auto impugnado, en cuanto fue materia de recurso (…)”.
 

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