Fallos Penales de Interés General – Estafa procesal

“(…) I. Interviene el Tribunal en el recurso de apelación interpuesto por la querella contra la decisión del 24 de septiembre pasado de la instancia anterior que sobreseyó a A. Marsala.
En el día de la fecha se realizó la audiencia por videoconferencia mediante la plataforma “Zoom” con la participación de W. A. S., querellante, con el patrocinio del Dr. D. D. T., y el Dr. I. B. V. por la defensa de A. Marsala. Por su parte, la Fiscalía General de Cámara n° 2 no se hizo presente a la audiencia.
II. El imputado habría presentado en el juicio ejecutivo n° 960/2020, caratulado: “Marsala, A. c/ S., W. s/ejecutivo”, del Juzgado Nacional en lo Comercial n° 8, Secretaría n° 16, seis pagarés que contendrían la firma falsificada de W. A. S. para reclamar un crédito inexistente. Todos tienen fecha de libramiento el 13 de febrero de 2018 y están extendidos por doscientos mil dólares.
III. El acusador privado dijo que nunca había visto a Marsala y que los documentos que aquél presentó ante la justicia comercial poseían su firma adulterada.
Ahora bien, la investigación permite descartar la imputación dirigida.
Preliminarmente no desconocemos que en el estudio en el expediente comercial, la perito C. L. estableció que las suscripciones no habían sido efectuadas por el denunciante. Pero las pruebas reunidas ante este fuero establecieron justamente lo contrario.
El 29 de marzo de 2021 se efectuó una primera experticia caligráfica con participación de un perito oficial, uno propuesto por la querella y uno por la defensa. Los tres llegaron a la misma conclusión: “las grafías, letras y números que se encuentran plasmadas en los seis pagarés en tela de juicio, no se corresponden con el puño escritor del cuerpo de escritura de marras”. Y, habiéndose generado una disidencia respecto a la signatura, se solicitó la incorporación de más elementos indubitados como para poder practicar un nuevo análisis de manera más acabada.
Frente a esto se convocó a prestar declaración indagatoria a Marsala quien, en resumidas cuentas, indicó que sí conocía a S. y que efectivamente le prestó doscientos mil dólares para poder obtener un mayor rédito económico. Corroboró que él confeccionó de antemano los pagarés -lo cual explica las conclusiones expuestas en el párrafo anterior-; pero sostuvo firmemente que fue el propio denunciante quien los firmó con su puño y letra, en su presencia y el mismo día en que le entregó el dinero.
Lo expuesto motivó que, tras recabarse más material, se practique una nueva pericia caligráfica, con la intervención de los tres profesionales anteriormente señalados. Su resultado es trascendental.
Tras analizarse pormenorizadamente cada una de las aportadas, tanto en los instrumentos de pago como en los cuerpos de escritura confeccionados, se estableció que “las firmas cuestionadas responden exactamente a la misma composición que todas las firmas indubitadas que fueron realizadas en diferentes ocasiones y en variadas circunstancias, por lo tanto es lógico y humanamente normal que existan variantes en los trazados de las firmas” para así concluir que: “las firmas, atribuidas a W. A. S., que obran en los seis pagares originales de los autos, “Marsala, A. s/ S., W. A. s/ Ejecutivo”, cuyo beneficiario es “A. Marsala”, se corresponden al puño escritor de W. A. S.” -en resaltado nos pertenece-.
De esta manera, terminó de desvirtuarse la concesión del injusto traído a conocimiento por parte de Marsala, en tanto quedó probado objetivamente que no hubo adulteración alguna, tal como la figura del artículo 292 del Código Penal requiere para su configuración -y así cae por su propio peso la también pretendida estafa procesal-.
Sin embargo, cabe hacer una final aclaración al respecto.
El recurrente afirmó que las grafías no le correspondían; sin perjuicio de ello y con esta nueva incorporación probatoria, en su apelación propuso que eventualmente pudo haber un abuso de firma en blanco. Pero esta nueva hipótesis tampoco es viable. Veamos.
Las posibilidades eran dos: o bien S. no firmó los pagarés o sí lo hizo, pero frente a un contenido diverso al plasmado en ellos. Es decir, ambas figuras resultan ser excluyentes entre sí y, teniendo en cuenta que durante todo el trámite del sumario postuló firmemente su negativa a reconocer las signaturas, es ciertamente inviable -y frente a la conclusión determinante de los profesionales referida previamente- pretender ahora reestructurar el objeto procesal que introdujo inicialmente.
Por todo ello, se encuentra reunido el estado de certeza negativa que exige el artículo 336 del Código Procesal Penal y así se debe terminar con el estado de incertidumbre que pesa sobre A. Marsala.
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:
CONFIRMAR la decisión de la instancia anterior que sobreseyó a A. Marsala, con costas de alzada (artículo 530 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación) (…)”.

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