Fallos Penales de Interés General – Excarcelación rechazada

“(…) La defensa de D. C. Ponce apeló la resolución por la que se denegó su excarcelación y al sistema de gestión integral de expedientes judiciales “Lex 100” se incorporó el memorial respectivo, de modo que el Tribunal se encuentra en condiciones de decidir.
El juez Mauro A. Divito dijo:
El imputado fue procesado en orden al delito de hurto (artículos 45 y 162 del Código Penal).
En función de ello, su situación encuadra en las previsiones de los artículos 316, segundo párrafo, ambas alternativas, y 317, inciso 1º, del Código Procesal Penal, al no verse alcanzados los ocho años de prisión allí contemplados y porque al momento del hecho aquí atribuido no registraba ninguna condena firme –la primera le fue notificada el 17 de septiembre de 2021 y la posterior, que se unificó con aquélla, se dictó el día 4 del corriente mes-, razón por la que una eventual sanción en este proceso podría ser dejada en suspenso y, en su caso, unificada bajo dicha modalidad de ejecución.
En ese contexto, valoro que Ponce brindó correctamente sus datos personales y que, pese a que en el acta de detención se consignó una dirección diferente de la que surge de fs. 1, su pareja ha informado que efectivamente reside en esta última -Zinny (…), de la localidad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires-.
Asimismo, destaco que el imputado, aunque ha estado sometido a otros procesos, no registra rebeldías, por lo que -en definitiva- no advierto razones que impongan mantener su detención cautelar, que tampoco se infieren del suceso atribuido, en tanto no exhibe aristas que conduzcan a presumir la existencia de peligros procesales.
En esas condiciones, por aplicación del principio de proporcionalidad, entiendo que la excarcelación solicitada resulta procedente, mas en atención a la aludida sentencia condenatoria y la restante causa en trámite que registra, su libertad habrá de sujetarse a una caución real de tres mil pesos ($ 3.000), acorde con la información proporcionada por la asistencia técnica en el memorial presentado, con más las obligaciones de mantenerse en contacto con su defensa y comunicarse, de manera quincenal, con el juzgado interviniente, mediante las vías que se estimen adecuadas en la instancia anterior (art. 210, incisos “c” y “h”, del Código Procesal Penal Federal).
El juez Mariano A. Scotto dijo:
Al respecto, cabe mencionar que aun cuando el imputado fue procesado en orden al delito de hurto (artículo 162 del Código Penal), cuya escala penal, en su máximo, resulta inferior a los ocho años de prisión contemplados en los artículos 316, segundo párrafo, y 317, inciso 1°, del Código Procesal Penal, en el caso se entiende configurado el riesgo de elusión contemplado en el artículo 319 del ordenamiento adjetivo.
En tal sentido, ha de valorarse que recientemente -el pasado 4 de octubre-, Ponce fue condenado a la pena única de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso, comprensiva de la pena de seis meses de prisión dictada en la causa N° 8264/2021 y de la de dos años de prisión de cumplimiento en suspenso impuesta el 12 de septiembre de 2021 en la causa número 39910/2021 -ambas del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34-.
Dicha sentencia -que no se encuentra firme- se dictó tras tener por desistida la suspensión del juicio a prueba oportunamente otorgada al imputado y homologar el acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes en la causa N° 8264 -cfr. la certificación cumplida y el oficio electrónico agregado al sistema informático-.
Tal circunstancia constituye una pauta a valorar frente a la posible aplicación del artículo 58 del citado texto sustantivo, de modo que es dable presumir que el imputado intentará eludir sus compromisos procesales.
Además, Ponce se encuentra sujeto a un proceso en trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12 (causa n° 52581/2020) -fs. 28/32 y la ampliación de la certificación-.
Por otra parte, si bien su pareja expresó que el causante reside en el domicilio ubicado en Zinny (…) de la localidad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, del acta de detención surge uno diferente, extremo que, en el contexto aludido, conduce a entender corroborado el riesgo de elusión.
En función de lo expuesto, se considera que no procede una medida de menor intensidad que la decidida -sea una simple promesa, pautas de conducta, obligaciones, prohibiciones, cauciones o morigeraciones-.
Por último, frente al agravio de la defensa, vinculado con la situación de emergencia sanitaria vigente a raíz de la crisis epidemiológica, cabe mencionar que Ponce, al practicarse el informe médico legal, negó presentar signos compatibles con “COVID-19” y en su declaración indagatoria no expresó padecer enfermedades, por lo que se encuentra descartada su pertenencia a un grupo de riesgo.
Por esos motivos, en consonancia con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, siempre que el tiempo que el imputado lleva privado de su libertad –desde el 22 de septiembre pasado- no resulta desproporcionado, voto por homologar la decisión recurrida.
El juez Juan Esteban Cicciaro dijo:
Puesto que comparto las consideraciones expuestas por el juez Scotto, adhiero a los argumentos y a la solución propuesta en su voto, sin perjuicio de las puntualizaciones que siguen.
Como puede verse, al menos en el transcurso del último año, Ponce fue detenido en varias ocasiones: 21 de octubre de 2020; 24 de febrero de 2021 y 10 de septiembre último. En esta última oportunidad fue liberado dos días después y quedó involucrado en esta causa sólo diez días más tarde, lo que sugiere ponderar el indicador de elusión que trae el art. 221, inciso “b”, del Código Procesal Penal Federal, a título de “detenciones previas”, en el caso, de suyo singulares en función del número y del lapso transcurrido entre ellas.
Por otro lado, advierto que la condena dictada hace dos días importó admitir el solicitado “desistimiento” de la suspensión del juicio a prueba, por la que había sido beneficiado en uno de los procesos, el 26 de febrero de este año.
Cuando se lo sujetó a prueba -instituto que, cabe recordar, es un beneficio para el imputado- bien sabía Ponce algo que es elemental y que estriba en que no podía cometer nuevos delitos, a tal punto que la ley trae una consecuencia lógica, pues “Cuando la realización del juicio fuese determinada por la comisión de un nuevo delito, la pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso” (art. 76 ter, quinto párrafo, del Código Penal).
Al cabo, Ponce ha hecho uso de un modo oblicuo encaminado a evitar las consecuencias de sus propios actos, ello es, la eventual aplicación de una condena de efectivo cumplimiento, puesto que durante un año quedó comprometido en aquello que básicamente se apuntó: no involucrarse en nuevos episodios delictivos, pese a lo cual obtuvo una condena -pena única- de ficta efectivización (de esta Sala, mi voto en la causa N° 52879/2019, “Pereyra, Maximiliano”, del 30 de octubre de 2019).
Así voto.
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:
CONFIRMAR la resolución apelada, en cuanto ha sido materia de recurso (…)”
Fallo completo

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