Fallos Penales de Interés General – Excarcelación rechazada

“(…) La defensa apeló la decisión fechada el 3 de septiembre último, en cuanto se denegó la excarcelación de R. A. A., y ante esta instancia fundamentó el recurso interpuesto oportunamente, de modo que el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver.
El juez Juan Esteban Cicciaro dijo:
El imputado se encuentra procesado en orden al delito de lesiones leves agravadas por el vínculo de pareja (artículos 45, 80, inciso 1°, 89 y 92 del Código Penal), de modo que su situación se enmarca en lo dispuesto en los artículos 316, segundo párrafo, ambas alternativas y 317, inciso 1°, del Código Procesal Penal.
Sin embargo, aun cuando el imputado no registra antecedentes condenatorios y no lucen pautas suficientes para tener por configurado el peligro de fuga, se verifican circunstancias objetivas que conducen a inferir el riesgo de entorpecimiento, que permiten mantener su encierro cautelar, de conformidad con lo establecido en el artículo 319, del digesto ritual.
En tal entendimiento, cabe avalar el razonamiento formulado en la instancia anterior al tiempo de dictarse la prisión preventiva, con base en la posibilidad de que A. A. ejecute actos en detrimento de R. M. O. y de su hermana en aras de lograr una mejor posición en la causa.
En tal sentido, se ha relevado que el imputado ejercitaba un estricto control de los elementos de comunicación de la damnificada, quien solicitó la producción de medidas encaminadas a evitar el acercamiento a ella.
En este marco, se pondera el hecho de que la víctima habría necesitado el auxilio del hermano del imputado, en cuyo domicilio se habría guarecido y en el que intempestivamente A. A. se habría presentado.
A ello se adiciona que con motivo de la ampliación de los dichos de O. se ha extendido la imputación en orden a los denunciados abusos tanto de ella como de su hijo de cuatro años de edad, a partir de lo cual se ha encomendado al Cuerpo Médico Forense la producción de sendos peritajes, de suerte tal que es menester evitar cualquier acción tendiente a obstaculizar tales diligencias.
La situación descripta encuentra apoyo normativo en lo preceptuado en la Ley 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, en cuanto a la necesidad de adoptar las medidas necesarias encaminadas a neutralizar cualquier peligro para ella y el niño (arts. 5, incisos “d” y “n”; 6, inciso “a”; y 8, incisos “b” y “e” y último párrafo).
En ese contexto, cabe evocar que en la Oficina de Violencia Doméstica se entendió que se configuraba un alto riesgo para O. y el menor de edad.
En función de lo expuesto, pese a que el imputado se encuentra identificado correctamente y brindó el domicilio de su hermano en el que residiría en el caso de recuperar su libertad, se ha acreditado el peligro de entorpecimiento, sin que proceda una medida de menor intensidad que la decidida -sea una simple promesa, pautas de conducta, obligaciones, prohibiciones, cauciones o morigeraciones- máxime cuando el imputado refirió no sufrir enfermedades y no presentó síntomas compatibles con el virus “Covid-19”.
Resta decir, frente a lo puntualizado por el Dr. Seco Pon en la fecha, en ocasión de presentar el memorial, que la argumentación relacionada con el delito de privación ilegal de la libertad ha adquirido abstracción frente a lo sostenido al dictarse el auto de procesamiento, resolución que -más allá de la posibilidad de que sea recurrido y por tanto de su falta de firmeza- supone la verosimilitud del derecho negada por el defensor, cuyo análisis sobre el fondo del asunto excede notoriamente esta incidencia.
De otro lado, la irregularidad relativa a la falta de conocimiento del juzgado interviniente de la detención del causante no puede oficiar, sin más, para ordenar su libertad, puesto que, extraídos los respectivos testimonios para que la justicia local investigue el delito que pudo cometerse, tal extremo no neutraliza el peligro de obstaculización que, como se ha argumentado, se cierne en la causa.
Consecuentemente, de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal y siempre que el tiempo que el causante lleva privado de su libertad -desde el 17 de agosto último- no resulta desproporcionado, de momento y particularmente en razón de las medidas pendientes, corresponde homologar la decisión impugnada.
Así voto.
El juez Mauro A. Divito dijo:
Si bien la situación del imputado se enmarca en lo dispuesto en los artículos 316, segundo párrafo, ambas alternativas y 317, inciso 1°, del Código Procesal Penal y, en particular, la posibilidad de una condena de ejecución condicional desdibuja el peligro de elusión, concuerdo con la opinión expresada por el colega preopinante ya que, de momento, se justifica mantener el encierro cautelar de A. A.
En ese sentido, comparto los argumentos reseñados en el voto que antecede para concluir en que existen serios indicadores del riesgo de entorpecimiento, principalmente en relación con los extremos sobre los que la investigación debe ser profundizada.
Consecuentemente, adhiero a la solución propuesta por el juez Cicciaro.
Por ello, esta Sala RESUELVE: CONFIRMAR la decisión adoptada el 3 de septiembre pasado, en cuanto fuera materia de recurso (…)”
 

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