Fallos Penales de Interés General – Caso 1 – Nulidad

“(…) I. Interviene el Tribunal en la apelación interpuesta por la defensa de L. G., contra la resolución del 3 de agosto pasado que rechazó la nulidad articulada contra el informe médico de fs. 39 efectuado por la Oficina de Violencia Doméstica.
En el día de la fecha se realizó la audiencia por videoconferencia mediante la plataforma “Zoom” con la participación del Dr. Fernando Soto por la asistencia técnica letrada de G. Por su parte, la Fiscalía General nro. 1 no estableció conexión para ejercer su derecho a réplica.
II. El recurrente postuló la invalidez del dictamen al considerar que reviste el carácter de un peritaje y que por tanto se debió cumplir con las formalidades establecidas en el artículo 258 del Código Procesal Penal de la Nación. No obstante, no fue notificado de su producción impidiendo que el perito de parte -Dr. Daniel Alejandro Navarro- interviniera en la medida pese a que no se verificaron las excepciones previstas en la norma para prescindir de ello.
Tampoco se trató de una mera constatación de las lesiones que presentaba M. L. F., en tanto se analizó el origen y desarrollo de las heridas precisando una evolución aproximada.
III. Los jueces Magdalena Laíño y Pablo Guillermo Lucero dijeron:
La solicitud del recurrente no tendrá acogida favorable por lo que el temperamento será homologado.
Como primer punto, se debe tener en cuenta que la labor de la Oficina de Violencia Doméstica, llevada a cabo por los profesionales que la integran, resulta propio de un protocolo que se adopta en todos los asuntos vinculados con la violencia de género y que, en realidad, tiene por finalidad conocer y delimitar el objeto de investigación, sin que ello se vea afectado por la falta de intervención del resto de las partes.
De lo que se trata en estos casos no es de “relajar” la exigencia probatoria que toda acusación penal requiere como sustento, sino de permitir el ingreso de recursos alternativos -y novedosos- para poder atender cabalmente los compromisos asumidos por el Estado en torno a la eliminación de la violencia de género y, por otro, resguardar las garantías esenciales del proceso.
Repárese que algo similar ocurre cuando -como también ha pasado en este sumario- el órgano preventor es una dependencia policial y el denunciante es examinado por un médico legista que asienta los traumatismos que constata y establece su posible mecanismo y data estimada de producción. No debe soslayarse que el galeno que la revisó en la seccional no solo llegó a idéntica conclusión, sino que precisó con mayores detalles las lesiones verificadas (fs. 131).
Se trata, en definitiva, de un examen de visu practicado por un funcionario del Estado. Luego, la ponderación que se haga de ese informe, conjuntamente con el resto de las pruebas, es una tarea que se inscribe en las reglas de la sana crítica (art. 241 CPPN) y puede ser refutado a través de las consideraciones que la parte estime adecuadas; incluso, valiéndose de la opinión de un especialista en la materia que se trate; pero excede el marco de este recurso.
Así, la circunstancia de que G. ya hubiera designado un letrado de confianza cuando se realizó tal diligencia, no conlleva a la invalidez de acto como pretende el recurrente.
En este punto, no puede pasar inadvertido que la defensa tuvo siempre a disposición el informe médico que ahora ataca teniendo la facultad de someterlo al análisis del profesional de su confianza -el cual se encuentra habilitado a efectuar las críticas a sus conclusiones u observaciones que considere pertinentes-.
De tal manera, el recurrente no logró demostrar el perjuicio cierto y de imposible reparación ulterior que le provocaría la falta de notificación de la medida, lo que descarta la vulneración del derecho de defensa o el debido proceso y, por ende, la existencia de un interés jurídico por reparar (“pas de nullité sans grief”), tratándose lo planteado de una nulidad por la nulidad misma.
En lo atinente a las costas del proceso, en virtud de lo valorado precedentemente y no surgiendo argumentos que permitan apartarnos de la regla general establecida en el artículo 531, primera parte del catálogo de forma, se impondrán costas de Alzada a la vencida.
IV. El juez Ignacio Rodríguez Varela dijo:
Como ha sido señalado (CCC Sala IV, 266/12 “Incidente de nulidad promovido por la defensa de Barcia Emilio Víctor”, rta. el 29/3/2012), el informe cuestionado se encuentra comprendido entre las facultades que otorga a la Oficina de Violencia Doméstica la acordada nº 40/2006 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí se habilita a los profesionales de dicha dependencia para el cumplimiento de las medidas urgentes cuya omisión podría poner en riesgo a las víctimas o frustrar la investigación y el proceso que eventualmente impulse el Ministerio Público Fiscal (artículos 1º inciso d, 14, 25 y 27 de la acordada de mención), lo que tiene correlato en las previsiones de la Ley procesal con norte en la urgencia y la particular naturaleza de los actos de prevención y de anoticiamiento criminal.
En ese sentido, en el precedente citado, acertadamente se señala que “la diligencia versa sobre la presencia de lesiones corporales en la víctima, circunstancia que tornaba necesario el inmediato examen, informe que, a diferencia de la prueba pericial regulada en el artículo 253 del C.P.P.N., no se encuentra sujeto a formalidad alguna. En efecto, no puede soslayarse que el informe cuestionado por la defensa, no es un peritaje, sino un informe técnico”. Como tal, ha sido practicado tanto en arreglo a los conocimientos y las facultades de los profesionales que lo suscriben como de acuerdo a su naturaleza y oportunidad eminentemente someras y preliminares, como es también el caso de los actos similares de las fuerzas policiales en los sumarios de prevención.
En esta línea, señala la doctrina que “los exámenes técnicos no guardan equivalencia con la prueba pericial (art. 253 y ss.) y no les resultan aplicables las normas que la regulan” (Navarro, Guillermo Rafael -Daray, Roberto Raúl, “Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, t. 1, Hammurabi, 2° ed., Buenos Aires, 2006, p. 495 y 666; citado in re causa nº 716/08 “Fernández”, rta. 9/3/09).
De allí que no se advierta menoscabo alguno al debido ejercicio del derecho de defensa en juicio que invoca el recurrente, en tanto el contenido del informe fue puesto en su conocimiento -e incluso ratificado en lo sustancial merced a un peritaje que no ha merecido impugnación alguna, relativizándose así, además, la exigencia de agravio concreto-, por lo que las discrepancias acerca de la valoración que debe dársele en el marco del plexo probatorio incorporado al legajo, resultan ajenas al objeto de la cuestión que ha dado origen a este incidente.
En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
CONFIRMAR el auto que rechazó el planteo de nulidad efectuado por la defensa, en cuanto fuera materia de recurso, con costas de Alzada (artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación) (…)”
 

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