Sobre la imposibilidad de imponer pena de prisión perpetua a los menores punibles y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mendoza y otros vs. Argentina de fecha 14 de mayo de 2013 Por Raúl Elhart (1)

SUMARIO: I. Planteamiento de las cuestiones. – II. Fundamentos y
conclusiones del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
el caso Mendoza y otros vs. Argentina en lo relativo a la imposibilidad de
imponer pena de prisión perpetua a menores punibles. – III. Enlace con el
fallo Maldonado (2005) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. – IV. La
peculiaridad del específico instituto de la libertad asistida para el fuero penal
juvenil en la Provincia de Buenos Aires conforme el art. 79 de la ley 13.634.
I. Planteamiento de la cuestiones
La presente labranza resulta de orden informativo y descriptivo. Tiene por objeto,
conforme lo expresado en el título de la misma, dar cuenta de los análisis, razones
y motivaciones que determinarían la imposibilidad o ilegitimidad de imponer penas
de prisión o reclusión perpetua, en el marco del orden jurídico argentino, a quienes
hayan cometido delitos siendo menores de edad.
En ese contexto aún, es finalidad del trabajo exponer y explicar, sintéticamente,
las conclusiones y fundamentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
para decidir de modo terminante e inequívoco la imposibilidad referida, un fallo de
reciente data (2)
.
En esa línea, resulta insoslayable remitir a lo resuelto por la Corte Interamericana
en su enlace con el fallo “Maldonado” (2005) de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación3
, donde, precisamente en el último resolutorio mentado, se trató la
cuestión de si era admisible imponer sanción penal de prisión o reclusión perpetua
a quienes cometieran delitos siendo menores de edad (lógicamente punibles).
Para completar, un apéndice quizás en principio menor, referido al especial
instituto de la libertad asistida instaurado en la ley 13.634 del fuero penal juvenil de
la Provincia de Buenos Aires, instituto que según una línea interpretativa
doctrinaria y jurisprudencial (a la cual se opone otra de signo diferencial que
explicitaré) entiende que la concesión de la libertad asistida, de acuerdo al art. 79
de dicha ley bonaerense, no requiere tiempos mínimos para su admisión,
reconociéndose el instituto según esa vertiente como una posibilidad de acceder al
medio libre de manera flexible y en concordancia con los principios de menor
intervención de encierro para el joven y en sintonía con el fin de resocialización.

II. Fundamentos y conclusiones del fallo de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Mendoza y otros vs. Argentina en lo
relativo a la imposibilidad de imponer pena de prisión perpetua a menores
punibles
La parte conclusiva de la sentencia es terminante: no admite de ninguna manera
la imposición de pena de prisión o reclusión perpetua, en el marco jurisdiccional de
la República Argentina, para quienes hayan cometidos delitos siendo menores de
dieciocho años de edad. Esta definición es explícita e inequívoca, tajante, según
los términos de la sentencia. El fundamento central sobre el que transita esta
conclusión absoluta, se encuentra en que la posibilidad de una excarcelación (o
libertad, llámese libertad condicional), para tales supuestos de prisión o reclusión
perpetua, se fija en un piso de años tan elevado -la sentencia habla de veinte años
de acuerdo a la ley vigente para los hechos dilucidados- (nótese que actualmente,
ley 25.892 -del año 2004-, la libertad condicional podrá obtenerse según el art. 13
del Código Penal argentino si se hubiera cumplido treinta y cinco años de
condena4
), circunstancia que -siempre según la sentencia en mención- se da de
bruces con el principio de menor intervención en el encierro y el fin de
resocialización buscado (e impuesto por ley superior y constitucional) en el fuero
de menores: en otras palabras, la sentencia no hace eje en que no exista
posibilidad de liberación en los supuestos de prisión o reclusión perpetua, ya que
explícitamente la Corte Interamericana reconoce que tal posibilidad existe en el
ordenamiento jurídico argentino, sino que el núcleo del fundamento de la
sentencia (que además transita por diferentes argumentos y citas), está
justamente en que el plazo para alcanzar esa posible libertad es demasiado
extenso y se contradice, por ende, con los principios de menor intervención,
mínimo tiempo de encierro, y finalidad de resocialización para los menores, tres
aspectos que se conjugan y obran en común en el fuero y, como indiqué, no se
compadecerían con los plazos de extensión del encierro para quienes sean
condenados por delitos cometidos resultando menores a la pena indicada5
.
En palabras propias de la parte dispositiva de la sentencia mentada, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos dijo que: “El Estado deberá asegurar que
no se vuelva a imponer las penas de prisión o reclusión perpetuas a C. A. M., C.
D. N., y L. M. M., ni a ninguna otra persona por delitos cometidos siendo menor de
edad. De igual modo, Argentina deberá garantizar que las personas que
actualmente se encuentren cumpliendo dichas penas por delitos cometidos siendo
menores de edad puedan obtener una revisión de las mismas que se ajuste a los
estándares expuestos en esta Sentencia, en los términos de los párrafos 326 y
327 de la misma”. Y en tal inteligencia la sentencia de la Corte Interamericana
hace hincapié en que (a) las penas, preponderantemente, deben atender a los
fines de resocialización -o en palabras de la Convención del Niño, a ‘la importancia
de promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función
constructiva en la sociedad (art. 40, inc. 1º)-, y (b) que el mandato constitucional

que ordena que toda pena privativa de la libertad esté dirigida esencialmente a la
reforma y readaptación social de los condenados (art. 5, inc. 6, CADH) y que el
tratamiento penitenciario se oriente a la reforma y readaptación social de los
penados (art. 10, inc. 3º PIDCP), exige que el sentenciante no se desentienda de
los posibles efectos de la pena desde el punto de vista de la prevención especial.
En conclusión, la Corte Interamericana (en el extenso resolutorio) entendió que
resulta inadmisible la aplicación de penas de prisión o reclusión perpetua a
quienes hayan cometido delitos siendo menores de edad y fundamenta tal
conclusión en que la pena tiene por finalidad la resocialización, y que los plazos
para acceder a la libertad para tal clase de pena (de prisión o reclusión perpetua)
son incompatibles con tales finalidades del fuero de menores y con el principio de
mínima intervención. Vale volver a resaltar que la sentencia no se abastece con la
circunstancia de que la legislación argentina instaura una posibilidad de liberación
(o excarcelación) en los casos de condena a prisión o reclusión perpetua, sino que
tal posibilidad debería tener existencia y legislación dentro de plazos razonables,
menores a los fijados por la ley nacional argentina (para el caso de los menores, al
menos), exigiendo además que se prevea legislativamente la revisión periódica de
la situación del joven, en cuanto a la necesidad o no de continuar en situación de
encierro, lo cual es, según explicita la sentencia, incompatible con una pena que
prevé como posibilidad de liberación plazos tan extensos que fulminan
virtualmente la operatividad del concepto de periódica revisión, mínima
intervención, mínimo tiempo de encierro necesario y fin de resocialización.
Cabe dejar constancia que el fallo no ingresa en forma analítica, o como aspecto
dilucidante, sobre la cuestión de los mecanismos de reducción de pena que
establece el artículo 4º de la ley 22.278. Sino que se concentra a establecer la
prohibición de imponer tal tipo de penas (perpetuas) por delitos cometidos por
menores. En igual sentido, la sentencia no entra en la cuestión de la posibilidad de
la doble reducción (reducción para las escalas penales de los delitos cometidos en
grado de conato por menores). Pero, por otro lado, como recién expuse,
estableciendo según sus fundamentos y conclusiones inequívocas la imposibilidad
de imponer penas de prisión o reclusión perpetua, deviene inexorable y
evidentemente -al menos en lo que hace a lo que esta sentencia expone-, que
para los delitos del ordenamiento jurídico argentino que prevén la pena de prisión
o reclusión perpetua, sería aplicable -para los menores infractores obviamente- la
reducción del artículo 4º de la ley 22.278, sin opción a apartarse de tal escala
reducida.
III. Enlace con el fallo Maldonado (2005) de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación
El fallo “Maldonado” (identificado como “Recurso de hecho deducido por el
defensor oficial de Daniel Enrique Maldonado en la causa M. D. E. y otro s/ robo
agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa N°
1174-“) de la Corte Suprema de la Nación, de fecha 7 de diciembre de 2005, refirió
a lo largo de los fundamentos del voto dominante o grupal6
(ya que por sus
fundamentos y precisiones la doctora Argibay, por un lado, y el doctor Fayt, por el
otro, expusieron sus votos por separado), a una frondosa serie de cuestiones
relativas a la legislación de menores (y a las ciencias que interaccionan con lo
estrictamente jurídico), sin perjuicio de lo cual, en lo central y en lo que era objeto

principal de la intervención procesal, brindó por un lado una serie de fundamentos,
entre los que destacan el grado de culpabilidad que para los menores (por ser
personas en formación) debe entenderse como de menor cuantía que el
correspondiente a mayores de edad en iguales circunstancias, y, por el otro, un
mecanismo general para tratar la posibilidad de aplicar escalas reducidas que
debe principiar siempre, justamente, de la reducción y que obliga entonces a los
jueces, para apartarse de esa escala reducida, a tener por comprobados aspectos
que determinen y autoricen tal apartamiento, exigiendo en definitiva que el
quebrantamiento o desplazamiento de la escala reducida deba ser acabadamente
fundamentado, explicado sincera y abiertamente por la jurisdicción.
Vale explicitar, ahora de modo subrayado, que el eje de los fundamentos (que son
de amplio registro) por los que el fallo Maldonado (en sus argumentos, en el voto
grupal o general) obstaculizaría la viabilidad de imponer penas de prisión o
reclusión perpetua, se halla, entre otros argumentos, en la validación
(prácticamente ya convertida en un axioma) de que no puede imponerse a los
menores iguales magnitudes penales que a los mayores de edad en iguales
circunstancias, aspecto que resultaría desvirtuado si se aplican penas absolutas
de prisión perpetua a los menores, porque entonces no podría hacerse ninguna
diferenciación respecto de los mayores. En otras palabras: el principio de
culpabilidad, su entendimiento en el fuero de menores, sería la vía argumental
más potente del fallo Maldonado como un valladar a la aplicación de tal clase de
pena (perpetua) a los menores.
En síntesis, el fallo “Maldonado”, tiene un sentido y trascendencia única en la
evolución del entendimiento del orden jurídico penal nacional constitucional,
naturalmente en lo referido al fuero penal juvenil, fija pautas de máxima prudencia,
instaura la obligación de principiar toda aplicación de pena en la escala reducida, y
menta de modo explicado los principios rectores para la justicia penal de menores,
en particular la mínima intervención, el mínimo encierro necesario, el significado
de la culpabilidad en los jóvenes diferenciándolo del de los mayores, sin
desatender a la realidad concreta que el encierro implica en las instituciones
existentes.
Desde la estricta literalidad de los fallos, se han expresado lecturas en doctrina
que entenderían que, por su lado, la Corte Interamericana ha resultado tajante en
sus conclusiones en cuanto a no admitir posibilidad alguna de imposición de
penas de prisión perpetua, mientras que, por el otro lado, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el fallo “Maldonado” (voto grupal), y también en los votos
de los doctores Argibay y Fayt, habría dejado en las conclusiones un resquicio
mínimo para la posibilidad de que, en casos excepcionalísimos, pudiera imponerse
tal clase de pena a los menores.
IV. La peculiaridad del específico instituto de la libertad asistida para el fuero
penal juvenil en la Provincia de Buenos Aires conforme el art. 79 de la ley
13.634
El art. 79 de la ley bonaerense 13.634 (Fuero de familia y penal del niño)
establece que la libertad asistida consiste en otorgar la libertad del niño, quien
asistirá a programas educativos, de orientación y de seguimiento; que el juez o
tribunal designará una persona capacitada para acompañar el caso, la cual podrá
ser recomendada por los Servicios Locales de Protección, ya sea por entidad o
programa de atención. Y en lo que más interesa aquí establece dicha disposición
que la libertad asistida será fijada por un plazo mínimo de seis meses y máximo de

doce, pudiendo ser interrumpida, prorrogada o revocada, en cualquier tiempo o
sustituida por otra medida, previa consulta al orientador, al agente fiscal y al
defensor.
Respecto de esta disposición hay, básicamente, dos posiciones: una que entiende
que este instituto de libertad asistida resulta diferente del correspondiente a los
mayores, y, en especial, que de la lectura del art. 79, emerge la ausencia de una
exigencia de tiempos mínimos de cumplimiento de pena (o encierro cautelar), y
que puede concederse en cualquier etapa del proceso, no solo con condena a
pena determinada, sino incluso con auto de responsabilidad penal, y asimismo,
equiparando los derechos de los condenados con los de los procesados, en la
etapa de instrucción o intermedia, puesto que es un instituto que derivaría
directamente de los principios rectores superiores y constitucionales, contenidos
en la Convención de los Derechos del Niño y Reglas de Beijing, tornándose un
instrumento que atiende al interés superior del niño y a la finalidad del proceso
penal juvenil de lograr la resocialización. La otra posición estimaría que es
necesaria una interpretación sistemática con el régimen de mayores y que para la
concesión de la libertad asistida debe corroborarse, al menos, como uno de los
extremos exigidos los plazos temporales requeridos para los mayores.
Explicado ello, prestando atención a la primera línea interpretativa a los fines de
mencionar, para quienes sigan tal posición, las consecuencias sobre el régimen de
las penas aplicables o aplicadas, cabe plantear lo siguiente: si tal disposición no
es justamente la válvula de flexibilización que destrabaría la contradicción entre
plazos de pena extensos previos a una liberación (excarcelación, libertad
condicional), ya que como se ha dicho, si se admitiera tal primera línea
interpretativa del art. 79, aunque la pena resultase de una extensión tal que el
posible acceso a la libertad resultase en alguna medida extenso y en tensión con
el principio de mínima intervención, mínimo tiempo de encierro y
fundamentalmente fin de resocialización, en definitiva este instituto específico del
fuero penal juvenil de la libertad asistida así entendido, permitiría salvar el escollo
de una permanencia inmutable en encierro del joven, aspecto que, es oportuno
traer a colación, ha sido eje del fallo de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Mendoza referenciado más arriba. Al respecto: aún sin alterar
las tajantes definiciones sobre la imposibilidad de imponer penas de prisión o
reclusión perpetua, por otra parte para supuestos de penas elevadas temporales
(esto es, con un mínimo y un máximo), tal disposición, en el ámbito provincial
bonaerense, y de admitirse tal significación del art. 79 de la ley 13.634 (que no
exige un tiempo mínimo de cumplimiento de pena o encierro cautelar), fungiría en
el sentido de tornar operativo en lo concreto el principio del fin de resocialización y
mínimo encierro necesario al cual se opone la extensión en el tiempo de las penas
severas amén que sean temporales.

 

 

NOTAS

(1) Magistrado. Especialista en Derecho Penal y Criminología.
(2) Para acceder al cuerpo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso Mendoza y otros vs. Argentina, entre otros sitios, puede consultarse la página de la
Procuración General de la Provincia de Buenos Aires donde fue publicada la misma.
(3) Se puede consultar el fallo “Maldonado” de la C.S.J.N, en la Secretaría de Jurisprudencia del Alto
Tribunal, entre otros sitios.

(4) En cuanto a las magnitudes de pena máxima imponible en el ordenamiento nacional, dejo
constancia, como es sabido, que obran diferentes posiciones además de la literalmente transcrita
en el texto (en el caso referí al término para acceder a la libertad condicional). En una de las
posiciones destacadas se halla la del profesor Zaffaroni, quien basa las limitaciones que propicia
en un reordenamiento general del código penal y leyes especiales a partir de la sanción de la ley
26.200 que regula e instaura en el derecho interno las disposiciones del Estatuto de Roma (ver su
trabajo “El máximo de la pena de prisión en el derecho vigente” en la Revista Pensamiento Penal,
Edición 105 – 01/06/10).
(5) Principios que emergen en esencia de la Convención Americana de Derechos Humanos
(puntualmente, la Ley 26.061, relativa a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes,
establece que la Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en todo acto,
decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respeto de
aquéllos), Convención de los Derechos del Niño, Reglas de Beijing.

(6) Allende hablar de voto grupal, obviamente se trata de votos individuales correspondientes a cada
magistrado, simplemente expuestos en forma grupal.

 

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