Comentario sobre el Código Procesal Penal Por Julio C. Báez

Efectuar un comentario, como se  me ha solicitado, de una obra del volumen y del tenor como la que se presenta no es una faena que resulte sencilla.

Muchos enfoques se pueden efectuar de la controvertida ley 27.063. Estos pueden ser abordados  desde un prisma estrictamente jurídico – que es por el cual nos inclinaremos – u otro desde la literatura vernácula. Es que la ley 27.063 recorre algunos territorios comunes con el conocido poema de Jorge Luis Borges “Juan López y John Ward”, que resume la historia de dos soldados, uno argentino y el otro británico que, de haberse conocido en otro contexto, habrían sido seguramente  amigos. Estamos convencidos que, de haberse efectuado consultas y asesoramientos con expertos y Academias vinculadas al Derecho Procesal Penal, contaríamos, sin dudas, con un ordenamiento que poseería mas sinonimias que antinomias.-

Una discusión amplia, con convocatorias extendidas y un debate fructífero nos hubiese arrimado con mayor amplitud a la amistad de Juan López y Jhon Ward que al enfrentamiento que finalmente tuvieron,  máxime, si se tiene en cuenta, en lo que a nuestra disciplina interesa,  que una codificación procesal encarna, nada menos, que la modalidad en que se canaliza el enjuiciamiento del instrumento mas poderoso que tiene el Estado en materia de control social que es el Derecho Penal.

En un escrito de opinión anterior había manifestado que, al ser convocado por la Comisión de Legislación Penal del Honorable Senado de la Nación,  adelanté que la finalmente sancionada ley 27.063, si bien poseía el mérito de albergar una matriz adversarial, expuse mis reservas en torno a que ese ordenamiento había nacido bajo el candelero de la luz fatua de no saberse a ciencia cierta quien era el “padre de esa criatura”; se ignoraba  quien o quienes habían sido sus proyectistas; nada se dijo acerca de su genealogía y sólo se brindaron algunas imprecisiones o ambigüedades en torno a la morosidad judicial, derogar practicas inquisitivas y ahuyentar todo lo nocivo que germina del conocido eslogan sintetizado en la fórmula de la denominada “puerta giratoria”, arraigado ampliamente en los medios masivos de comunicación.

El  decreto 257/2015  dejó sin efecto aquellos aspectos de las leyes 27063, 27148, 27149 y 27150 vinculados con la implementación del Código Procesal Penal de la Nación, con la finalidad de evitar la aplicación errada y carente de integralidad de un diseño institucional cuya puesta en funcionamiento no se encontraba planificada.

La derogación del Código de Levenne es una exigencia de la hora; como nos recuerda Almeyra, el aporte de dicho profesor cumplió ya su ciclo, y la prueba más acabada es la saga de inconstitucionalidades que nuestra Corte Suprema se vio obligada a declarar de varios de sus preceptos, por su falta de sintonía con los resguardos convencionales aprobados legal y constitucionalmente en materia de derechos fundamentales del hombre. Maguer de ello, ha sido de una improvisación supina la enmienda que, finalmente,  se sancionara bajo el número 27.063. La inopia del legislador resultó de tal latitud que desconoció que para hablar de reformas procesales  – mas allá de su anhelo- deben contemplarse partidas dinerarias de funcionamiento, creación o reasignación de recursos humanos, reequipamiento del mobiliario existente etc., todo lo cual lucía ausente en aquella oportunidad.

Cuando el Congreso legisla para la anomia  se genera, como efecto no deseado, que las palabras no tengan paz. Y cuando las palabras no tienen paz, se angostan los significantes, se difuman los significados y se dificulta el buen entendimiento en sociedad, dato éste que atañe a la política en general y a la administración de justicia, en particular. El lenguaje, todavía, sigue siendo troncal en el desarrollo de las relaciones humanas y toda subestimación de su inequivocidad descalabra la convivencia. Respetar la certidumbre del lenguaje contribuye a la armonía; la tinta de las leyes no puede ser distinta en los fallos.

En medio de ese caos normativo, lingüístico y de una apresurada decisión política de instrumentar una codificación sin escuchar detenidamente a los expertos, donde las normas denotan la ausencia de claridad narrativa a la vez que se sancionan, se enmiendan sin entrar en vigencia y se difieren en su aplicación, la obra que se comenta pretende ensayar explicaciones  racionales a un conglomerado normativo que lejos esta de ser homogéneo y que posee innumeras contradicciones entre si, conspirando contra una interpretación armónica de su articulado.

Al lector perezoso, le adelanto que no le he de facilitar la tarea con un resumen de los dos tomos que componen el enjundioso texto; por el contrario, lo invito a su detenida lectura y reflexión en aras de comulgar con las enseñanzas que allí se plasman o mostrar su discrepancia, en todo o en parte, tomando como simiente que la discusión y el debate es lo que gesta un proyecto horizontal de República sólido y sustentable.

Bajo la hercúlea dirección de Roberto Raúl Daray – un jurista por demás puntilloso y de una capacidad laboral digna de encomio – y la tarea revitalizadora de su coordinador, el Doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales, Miguel Ángel Asturias -un jurista joven con un futuro promisorio y con el antecedente de ser nieto de Don Miguel Ángel Asturias, aquel premio nobel que nos deleitara con su obra “El Señor Presidente” – los autores han efectuado el comentario al articulado apoyando sus opiniones en la compulsa de la doctrina y jurisprudencia.

La propia idea del director, plasmada al prologar la obra, evita colocarle el sudario al material compatible con el nuevo texto y que fuera consignado en oportunidad de desbrozar la ley 23.984, en compañía del inolvidable Guillermo Rafael Navarro.

No se me oculta ciertamente que el “Código Procesal Penal” publicado con la misma editorial, de autoría del hoy Director y del querido jurista desparecido, no solo ha contado con cinco ediciones agotadas, sino que ha marcado un hito en la historia del Derecho Procesal Penal  Argentino.

Borges en “Emma Zunz. La muerte y la brújula” nos recordaba que los hechos graves están fuera del tiempo ya que en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya que no parecen consecutivas las partes que lo forman. Como dos mundos que se definen por oposición, al no descartar el marco teórico allí empleado, se ha permitido una tarea remozada, vertiendo vino nuevo en odres viejos, que ameritó mantener las concepciones clásicas en la materia, con las innovaciones  propias del nuevo articulado que – con defectos palmarios – gira decididamente hacia el modelo adversarial.

El complemento necesario e indispensable de los coautores Nicolás R. Ceballos, Alberto J. Huarte Petite y Roberto Leo, han compactado la homérica tarea de su director que también fue coautor y del coordinador. Tratándose todos ellos de profesionales exquisitos y versados en el Derecho, sus aportes  han sido vitales para que la comunidad jurídica cuente con una obra de consulta que intenta,  desde el esfuerzo, despejar la bruma oscura que se cierne respecto del improvisado ordenamiento.

No puedo concluir sin destacar el notable índice de voces y la homogeneidad de la obra pese a ser múltiples autores y sobre una constante remisión que se hace de un precepto a otro, facilitando la lectura y comprensión de cada tema, con un sentido de compleción muy difícil de lograr.

El buceo de los principios fundamentales del proceso; la justicia penal; los sujetos procesales; la actividad procesal; los medios de prueba; las medidas de coerción y cautelares; los procedimientos ordinarios y especiales; el control  y ejecución de las decisiones judiciales y los actos de las fuerzas armadas,  asumidos por estos verdaderos juristas,  logra disipar muchas de las dudas que suscita el abordaje de un marco normativo que, con las críticas formuladas, se aguarda con expectativa la decisión política vinculada a su debida implementación y funcionamiento.

Por Julio C. Báez

Juez de Cámara en el Poder Judicial de la Nación, por ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4; Doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales; Magister en Mercado de Capitales y en Derecho Económico. Especialista en Finanzas y Derecho Tributario. Docente del Posgrado de Derecho Procesal Penal que se dicta en la Universidad del Museo Social Argentino.-

 

Publicado originalmente en:

Código Procesal Penal .

Ley 27.063

Director: Roberto Raúl Daray.

Coordinador: Miguel Ángel Asturias.

Coautores: Nicolás R. Ceballos; Roberto R. Daray; Alberto J. Huarte Petite y Roberto Leo              

Editorial: Hammurabi. Bs. As.2018.

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