Fallos Penales de Interés General: Prescripción de la acción penal

El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal “C, G. S. s/prescripción” (causa Nº 51.563/18) resuelta el 29/4/2019 donde los vocales Mariano González Palazzo y Magdalena Laiño confirmaron la resolución que declaró extinguida la acción penal por prescripción y, en consecuencia, sobreseyó a quien fuera imputado de haber cometido abusos sexuales entre los años 1988 y 1993 a una menor de edad.

En el caso, la fiscalía y la querella solicitaron la aplicación al caso de las leyes 26.705 y 27.206, aún cuando fueron sancionadas con posterioridad a las fechas en que tuvieran lugar los hechos denunciados, agregando durante la audiencia la aplicación de la doctrina del “derecho a la verdad”.

La vocal Laiño señaló que correspondía aplicar al caso el principio de la ley penal más benigna, destacando que dicho principio regía como regla en la materia, reconociendo como única excepción la aplicación retroactiva de una penal posterior para el imputado. Enumeró y resaltó los fallos de la CSJN que sostenían que el instituto de la prescripción penal se encuentra abarcado por el principio de legalidad, haciendo mención a la excepción que se daba en el caso de los delitos internacionales. Indicó que las reformas introducidas por las leyes enumeradas por los recurrentes constituían una ley más gravosa que la vigente al momento de ocurrencia de los hechos denunciados y, al respecto, dijo que “(…) No puede pasarse por alto que cuanto vengo sosteniendo se inscribe en lo expresado por nuestros legisladores al sancionar las leyes 26.705 (BO 05/10/2011) y 27.206 (BO 10/11/2015). Las exposiciones dejan en evidencia, de modo claro y a contrario de lo que se afirma, que la cuestión no se hallaba zanjada a nivel interno y que era necesario, luego de la sanción de la “Ley Piazza” en el año  2011 de dictar una nueva norma que redefiniera los plazos de prescripción de la acción penal en casos en los que los menores eran víctimas de delitos contra la integridad sexual (Período 129º, HC Senadores, 2ª Reunión, 1ª Sesión Ordinaria 16 de marzo de 2011 y HC Diputados, 8ª Reunión, 6ª Sesión Ordinaria (Especial) 7 de septiembre de 2011)  y luego a través de la “Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas y su aplicación” se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad (Período 133º, HC Senadores, 4ª Reunión, 3ª Sesión Ordinaria 27 de mayo de 2015 y 10ª Reunión, 9ª Sesión Ordinaria 28 de octubre de 2015; HC Diputados, 7ª Reunión, 7ª Reunión Ordinaria (Especial), 7 de octubre de 2015).  En definitiva, el Congreso Nacional fue consciente de la problemática involucrada, ampliando el plazo para la persecución de estos delitos, modificando el derecho interno a fin de estar en armonía con la legislación internacional sobre la materia. De allí que no comparto la postura de aquellos que sostienen que en los fundamentos que acompañaron a ambas leyes puede extraerse una conclusión contraria a la aquí postulada. (…)”. Agregó que no existía ninguna regla del derecho internacional de los derechos humanos que obstara a que los Estados partes establecieran reglas de prescripción de la acción penal respeto de delitos de abuso sexual cometidos por personas particulares que no son agentes del estado, ni obran con su aprobación o bajo su dirección y que, en definitiva, el abuso sexual u otras formas de abuso infantil, no están comprendidos en ninguna disposición de un tratado que establezca su imprescriptibilidad. Finalmente, analizó el planteo referido al deber de asegurar la tutela judicial efectiva a través de la realización de un “juicio a la verdad”, a pesar de la insubsistencia de la acción. Indicó que no estaba prevista una acción declarativa de tales características en el procedimiento ritual y que, en todo caso, la vía adecuada sería la del amparo (art. 43 de la CN). Agregó que las circunstancias del caso no eran análogas a aquellas que determinaron la solución adoptada en los precedentes “Funes” y “Funicelli” de la CSJN “(…) sin desmerecer la entidad de los sucesos denunciados ni la huella que pudieron haber dejado en psiquis de la presentante, en el caso no se da ninguna de las condiciones que permita encapsular al suceso en una grave violación de los derechos humanos. Ninguno de los extremos que nutren la posible realización de un “juicio por la verdad”, son desconocidos por la víctima aquí querellante. En este sentido, yerra la denunciante pues en el caso no existe un desconocimiento acerca de lo que le pasó. Es ella misma quien identifica a su agresor, describe qué acciones habría concretado, cuándo y dónde y todo ello configura la base de la denuncia que concreta. No necesita saber qué es lo que pasó, ella lo sabe y lo manifiesta. No hay ninguna incógnita por develar.

El vocal González Palazzo mantuvo su postura adoptada al momento de votar en la causa Nº 23.744/11del 9/4/2013 “S. A.” de la Sala IV, en la causa Nº 18.765/17 “R. M., E.” del 14/9/2017 y en la causa Nº 13.087/16 “S., C.” del 6/3/2018. Agregó que “(…) que es tarea de los jueces evitar que lo excepcional sea menos excepcional, donde so pretexto de la necesidad de castigar conductas que nos repelen, se termina por hacer desaparecer la norma, el sentido de la legislación y por ende, la voluntad del legislador y del pueblo. La espectacularidad y/o gravedad de un suceso por más repulsivo que sea nunca deben nublar el entendimiento y la razón, expresada ésta por el sistema legal y normativo de una sociedad que los abarca y comprende. Ello así, relega a la pasión y a los ideales en la axiología de los valores aplicables. La magnitud y aberración de este tipo de hechos ya fue tenida en cuenta al modificar las leyes 26.705 y 27.206, mas ello no resulta suficiente para su aplicación retroactiva, pues tal situación no respetaría acabadamente el derecho de defensa en juicio –al aplicar una norma que ponga al imputado en una peor situación– ni el del debido proceso. (…)”. Por último, compartió los fundamentos expuestos por Laiño en lo referido a la imposibilidad de aplicar al caso la doctrina del “derecho a la verdad”.

 

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